Nadie debería dejarse engañar por las contorsiones argumentativas del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. La semana pasada, el vicepresidente le dijo a Jorge Ramos en UNIVISIÓN que el gobierno estaba intentando “potenciar” la libertad de expresión frente a “una avalancha de campañas negativas” que buscan “deslegitimar” el gobierno de Bukele.
Sin embargo, desde que asumió en junio de 2019, el gobierno del Presidente Nayib Bukele ha cercenado la libertad de prensa y ha arremetido contra periodistas independientes, a quienes acusa de propagar “fake news” y califica constantemente de “mercenarios”.
Las recientes elecciones en El Salvador les han otorgado a los aliados de Bukele una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa. Debido a este resultado electoral, es muy probable que los ataques a la prensa se agudicen. No sorprendería que Bukele interprete la victoria como una legitimación de sus reiterados ataques contra los medios de comunicación. Asimismo, su mayoría en la Asamblea podría permitirle impulsar reformas legislativas que limiten el trabajo de los medios y menoscaben la independencia de la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido el principal contrapeso a los abusos del gobierno.
En este contexto, el gobierno del Presidente Joe Biden es uno de los pocos actores capaces de salvaguardar los valores democráticos y proteger la libertad de expresión en El Salvador.
El gobierno de Bukele no sólo estigmatiza a la prensa, sino que ha ido mucho más lejos promoviendo investigaciones penales contra medios tan prestigiosos como El Faro por presunto “lavado de dinero”. El anuncio, que Bukele no se molestó en respaldar con pruebas, se hizo algunas semanas después de que El Faro revelara que Bukele había negociado con la MS-13, la mara más grande del país, y había concedido privilegios penitenciarios a algunos de sus miembros a cambio del compromiso de bajar la tasa de homicidios y apoyar al partido político del presidente en los comicios de febrero.
El anuncio de la supuesta investigación penal pareció diseñado para intimidar a los periodistas de El Faro e intentar dañar su reputación. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha notificado a El Faro sobre esta investigación.
El Faro también está siendo objeto de auditorías tributarias que parecen ser selectivas y abusivas. Las autoridades tributarias han ordenado que el medio presente los nombres de sus suscriptores, un pedido que pareciera exceder los límites de una auditoría normal. El 5 de marzo, la Corte Suprema ordenó frenar la auditoría y señaló que podría estar en riesgo la libertad de expresión.
Bukele también ha aumentado la opacidad del gobierno. Durante su mandato, se han adoptado reformas que dañan la independencia del órgano encargado de velar por el acceso a la información pública. El gobierno también disolvió la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, uno de los principales organismos responsables de supervisar el gasto público. Sin acceso a información, los periodistas no pueden conocer lo que hace el gobierno y se torna sumamente difícil asegurar la rendición de cuentas que requiere cualquier democracia.
El gobierno de Biden ya ha dado pasos para manifestar su preocupación sobre la situación en El Salvador. En enero, el principal asesor del presidente Biden para América Latina, Juan González, dio una entrevista precisamente en El Faro. Allí señaló que la administración Biden tenía algunas “diferencias” con el gobierno de Bukele y algunas “preocupaciones”. “El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”, señaló. En febrero, cuando Bukele viajó a Washington D.C., los funcionarios de la actual administración no lo recibieron.
En la frágil y joven democracia de El Salvador —donde el poder legislativo pronto estará controlado por el partido de gobierno—el Presidente Bukele prácticamente no tendrá frenos ni contrapesos. Pero el gobierno de Biden puede ofrecer esperanzas a los periodistas de El Salvador de que no serán abandonados a su suerte, y al pueblo de El Salvador de que no quedará completamente desinformado.
A fin de que Bukele entienda el mensaje, el gobierno de Biden debe transmitir con claridad que Estados Unidos no será un aliado de aquellos gobiernos que no respeten la libertad de prensa, y que seguir atacando al periodismo independiente tendrá consecuencias y llevará a un grave deterioro de la relación bilateral con Washington.
Fuente: HRW
