Este 11 de abril, agentes de la Policía Metropolitana han detenido a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, en virtud a una orden emitida por el Tribunal de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012 por no comparecer ante el tribunal. Desde entonces, Assange vivía en la embajada de Ecuador en Londres, donde encontró asilo después de que un tribunal británico aprobara su solicitud de extradición a Suecia en relación con una investigación por violación que este último país acabó por desestimar en 2017.
Assange se negó a abandonar la embajada ecuatoriana durante ese tiempo por temor a ser extraditado a Suecia y tener que afrontar cargos en Estados Unidos por publicar en Wikileaks más de 250,000 cables diplomáticos estadounidenses en 2010.
“Poner en la diana a Assange después de casi nueve años de que Wikileaks proporcionase a los periodistas información que era de interés público (como los cables diplomáticos estadounidenses filtrados) sería una medida puramente punitiva y sentaría un precedente peligroso para periodistas, denunciantes y otras fuentes periodísticas a las que Estados Unidos podría querer perseguir en el futuro. El Reino Unido debe mantener una postura de principios con cualquier solicitud relacionada de los Estados Unidos para extraditar a Assange y garantizar su protección según las leyes británicas y europeas relevantes para sus contribuciones al periodismo”, señala el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire.
RSF pide a las autoridades del Reino Unido que, en su tratamiento de Assange, prioricen los principios de libertad de expresión y protección de la función del periodismo, incluidas las fuentes periodísticas, conforme a la legislación británica y a las obligaciones internacionales adquiridas en materia de derechos humanos. Como tal, el Reino Unido debería abstenerse de cumplir con las solicitudes de extradición de Assange a Estados Unidos, que perseguirían sancionar sus actividades de tipo periodístico.
