La Sociedad Interamericana de Prensa consideró exorbitante y desproporcionada una sentencia contra el columnista mexicano Sergio Aguayo, condenado a pagar una alta suma en un juicio por difamación que podría inhibir el trabajo periodístico en el país.
El 10 de octubre un tribunal de la Ciudad de México condenó al académico, defensor de derechos humanos y columnista Sergio Aguayo, a pagar 10 millones de pesos (unos US$ 522 mil) al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por daño moral. Moreira apeló un fallo de marzo que no le había sido favorable.
El exgobernador Moreira, quien había sido detenido en España acusado de malversación de recursos y blanqueo durante su mandato, demandó a Aguayo por una opinión que publicó en enero 2016 en la que señaló que el exgobernador desprendía “hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila”.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, director general del diario jamaiquino The Gleaner, expresó que la suma impuesta en la sentencia “es desmesurada y sienta un precedente negativo para la prensa ya que podría incentivar la autocensura e inhibir al periodismo de opinión”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, dijo que “la SIP ha venido alertando sobre el uso de demandas millonarias contra periodistas y medios, cuyo fin podría ser un recurso útil de las figuras públicas para frenar críticas o investigaciones”.
Los directivos de la SIP destacaron que la institución ha recomendado a los Poderes Judiciales analizar si las demandas contra periodistas por supuesta difamación tienen o no el propósito subyacente de amedrentar críticas, opiniones e investigaciones. Además, recordaron que la SIP ha pedido en reiterados casos de demandas, que los poderes judiciales deben establecer límites a las reparaciones monetarias para evitar que estas actúen en detrimento de los medios o inhiban la labor periodística.
A instancia de la SIP en 2014, ante la proliferación de demandas de funcionarios y políticos peruanos contra periodistas que aparentaban inhibir las opiniones e investigaciones, el entonces presidente del Poder Judicial de Perú, Enrique Javier Mendoza Ramírez, emitió un exhorto para que los jueces analizaran cada caso en forma exhaustiva para determinar si tenían o no fundamento y no los admitieran en forma automática.
