Una de las funciones sustantivas de las universidades públicas es formar de manera integral a los jóvenes estudiantes; es decir, además de su instrucción profesional se les debe cultivar en el ámbito de la alta cultura, para un mejor desempeño profesional, apuntó Manuel Atienza Rodríguez, jurista e investigador de la Universidad de Alicante, España.
Sin embargo, dijo, “empiezo a dudar si la universidad está generando esa alta cultura, pues todas las ideologías que se está imponiendo no favorecen la creación de ésta”.
Expuso que “son los universitarios quienes más contribuyen hoy a las nuevas ideas; sin embargo, en la tercera de las tareas sustantivas de una universidad pública, la producción científica, estamos en una situación plenamente idiota”.
Ejemplo de ello es el caso de las vacunas contra la Covid-19: 70 por ciento de la investigación se produce en universidades públicas, pero luego laboratorios de empresas privadas son quienes desarrollan la última fase y, naturalmente, obtienen los beneficios económicos. El papel de la investigación que reditúa dinero y hasta cierto punto poder está amenazado, “siento un riesgo de privatización, incluso, dentro de la investigación básica pública se produce un fenómeno terrible es que el marketing”.
Destacó que los estudios en una facultad o escuela de derecho deben organizarse tratando de cubrir las tres funciones: primero, enfocarse al aprendizaje de una cultura jurídica, para luego poder ser un buen jurista; ello implica una apertura a toda la cultura contemporánea (sociología, filosofía, tecnologías, etcétera).
Sin embargo, se tiene una tendencia a lo contrario, se busca especializarse cuanto antes y ese es un error; antes habría de establecerse un ciclo básico largo de cultura general para todos los estudiantes. Después de ello, aprender la profesión, para posteriormente, entonces sí, iniciar una especialización. Un tercer ciclo sería generar una cultura jurídica bien entendida, la investigación en Derecho.
Puntualizó que para que una facultad de derecho se aproxime a esa propuesta tendría que haber una auténtica comunidad de pensamiento jurídico. No obstante “de esto hay poco, porque la organización institucional no lo favorece, pero también hay que pensar en algún tipo de organización institucional que promueva la existencia de comunidades de trabajo intelectual sin las cuales no se puede llevar adelante el proyecto”.
Invitado por la Facultad de Derecho, el filósofo del derecho español comentó que cada vez más en el mundo se vive en una especie de autismo intelectual, aunque no es privativo de esa disciplina, como producto de la ideología neoliberal y el individualismo, donde cada uno vive en su propia burbuja. Al respecto, indicó que quizá sea inevitable que existan los centros de investigación; sin embargo, sus mecanismos dificultan o impiden la verdadera investigación en el área de derecho, pues ellos sugieren investigar aquellos temas “que te van a dar puntos, lo que efectivamente te facilitará las cosas”.
No queremos darnos cuenta de la realidad, la investigación jurídica no puede ser como en matemáticas, química o biología, debe estar apegada al sentido común refinado. “Vivimos en un mundo de autistas, no sólo en el derecho, sino en general; la cultura es cada vez más autista, eso no puede ser”.
Acompañado de la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y de Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Atienza Rodríguez se manifestó en contra del uso de teléfonos móviles en las aulas, porque es un elemento de distracción, y si algo nos está faltando es pensamiento reflexivo, esta tecnología atenta directamente contra nuestras neuronas.
Como parte del conversatorio El futuro de la enseñanza del Derecho, apuntó que éste es incierto, como lo son casi todos los aspectos de nuestra vida. “Ni siquiera podemos estar tan seguros de que vaya a seguir existiendo de aquí a 30 o 50 años, al menos tal y como hoy lo entendemos”.
En el Auditorio Ius Semper Loquitur de la entidad académica, señaló que es imposible predecir lo que vaya a ocurrir en el futuro, pero quizá sí sea el momento de pensar en cuáles son los aspectos más valiosos de los profesionales del Derecho y de la cultura jurídica, es decir, de aquello que tendríamos que conservar y lo que habría que modificar. “Debemos estar abiertos a cambiar”.
Refirió que además de adaptar la enseñanza del Derecho a las nuevas tecnologías se requieren cambios profundos y novedosos en cuanto a la manera de entender la enseñanza.
Fuente: Gaceta/UNAM
