Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos para poner fin a la prohibición federal de la marihuana brinda una oportunidad pendiente desde hacía mucho tiempo para reformar la política sobre drogas de Estados Unidos para que sea respetuosa con los derechos, dijo hoy Human Rights Watch. Hoy, un grupo de legisladores encabezados por el congresista Jerry Nadler y la senadora Kamala Harris introdujeron la Ley de Oportunidad de Reinversión y Eliminación de Antecedentes Penales de la Marihuana (Ley MORE).
“La penalización del consumo de drogas ha pasado factura y tenido efectos devastadores en innumerables familias en EE.UU. discriminando a las personas de color”, dijo Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del programa de EE.UU. de Human Rights Watch. “La promulgación de la Ley MORE sería un paso hacia la reversión de décadas de políticas perjudiciales que tiene un impacto desproporcionado en las comunidades de color”.
La continua aplicación de las leyes de prohibición de la marihuana se tradujo en más de 600.000 arrestos en EE. UU. en 2017. Estas detenciones afectaron de manera desproporcionada a las personas de color, que tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de marihuana que sus contrapartes blancos, a pesar de que las tasas de consumo de marihuana se han mantenido iguales en todas las razas.
Actualmente, 33 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia permiten el acceso legal a la marihuana medicinal, mientras que 11 estados más el Distrito de Columbia también permiten el acceso legal a la marihuana recreativa. La Ley MORE eliminaría la marihuana de la Ley Federal de Sustancias Controladas y proporcionaría fondos a través de programas de equidad social para las personas y comunidades directamente afectadas por la guerra contra las drogas. La ley reduciría las disparidades raciales en los arrestos por drogas, revocaría las sanciones relacionadas con la inmigración por delitos de marihuana y brindaría la oportunidad para volver a dictar sentencia y eliminar los antecedentes penales federales para aquellos con condenas relacionadas con la marihuana, entre otras cosas.
Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union, en un informe de 2016, “Every 25 Seconds” (Cada 25 segundos), documentaron el impacto de criminalizar el uso y la posesión de drogas en EE.UU. Estos arrestos por uso y posesión de drogas ocurren a una tasa de uno cada 25 segundos. Los grupos descubrieron que estos arrestos han tenido impactos a largo plazo, incluida la separación de familias, la exclusión de oportunidades de empleo y la restricción del acceso las prestaciones sociales, la vivienda pública y el voto, entre miles de otras consecuencias colaterales que las personas enfrentan después de un arresto por un delito de drogas.
Las personas de color y los pobres se han visto afectados de manera desproporcionada. Las organizaciones recomendaron que los gobiernos federales y estatales despenalizaran la posesión y el consumo personal de drogas ilícitas, lo que galvanizó las discusiones generales sobre la reforma de la justicia penal. Al eliminar la marihuana de la Ley de Sustancias Controladas, la Ley MORE busca abordar esta recomendación de política, dijo Human Rights Watch.
El 9 de julio, Marijuana Justice Coalition, una coalición diversa de organizaciones de derechos humanos, de la cual Human Rights Watch es miembro, emitió una declaración de principios que el Congreso de EE.UU. debería tener en cuenta al abordar décadas de daños y reinvertir en las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas.
Los esfuerzos de la coalición dieron el impulso para la primera audiencia para acabar con la prohibición federal de la marihuana ante el Subcomité de la Cámara de Representantes sobre Crimen, Terrorismo y Seguridad Nacional. Durante la audiencia del 10 de julio, el representante Hakeem Jeffries habló sobre los antecedentes racistas de la aplicación de las leyes de prohibición de la marihuana en EE.UU. Desde la audiencia, más de 100 empresas de marihuana también respaldan un enfoque de justicia racial y económica para poner fin a la prohibición de la marihuana.
“Las políticas de EE.UU. que penalizaban el consumo y la posesión de drogas estaban arraigadas en el racismo y se dirigían específicamente contra los negros y los latinos, lo que ha contribuido al encarcelamiento masivo”, dijo Austin-Hillery. “El Congreso debe reconocer que reformar las políticas de drogas de EE.UU. es una cuestión de justicia racial y aprobar la Ley MORE”.
