La autoridades civiles de Perú deberían impulsar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras sobre al menos 21 muertes de manifestantes, sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y sobre actos de violencia cometidos por algunos manifestantes, dijo hoy Human Rights Watch.
El entonces presidente Pedro Castillo detonó la crisis actual al anunciar el 7 de diciembre la disolución temporal del Congreso y la “reorganización” del poder judicial, en lo que en la práctica constituyó un intento de golpe de Estado. En respuesta, el Congreso destituyó a Castillo, y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Miles de manifestantes han salido a las calles para pedir elecciones anticipadas.
“Se han registrado actos de violencia en el contexto de las protestas, que deben ser debidamente investigados, pero eso no justifica cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, el cual puede poner en riesgo la salud y la vida de las personas”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades peruanas deberían priorizar el diálogo y el respeto de los derechos humanos como vía para alcanzar una solución para la crisis política que atraviesa el país”.
La Defensoría del Pueblo ha informado de al menos 21 muertes, incluidos cuatro menores de edad, durante las protestas que empezaron el 7 de diciembre. El Ministerio de Salud confirmó que cinco de las víctimas murieron por impacto de armas de fuego, otra por hemorragia interna y otra por traumatismo craneal.
El Ministerio de Salud apuntó a proyectiles de armas de fuego como “probable” causa de otras 12 muertes, pendiente de los resultados de las autopsias. Entre ellas se incluyen nueve personas que murieron en una zona de Ayacucho donde estaban desplegados militares armados con fusiles de asalto. Las fuerzas armadas indicaron que una patrulla empleó la “fuerza”, sin especificar qué modalidad de uso de la fuerza aplicó, en respuesta a lo que las autoridades describieron como el ataque de “una turba” con armas artesanales y otros objetos.
La Defensoría del Pueblo informó que 356 manifestantes y 290 policías habían resultado heridos durante las manifestaciones hasta el 18 de diciembre. El Ministerio de Salud informó de que 38 personas continuaban hospitalizadas el 20 de diciembre, incluyendo a ocho en estado grave, una de las cuales murió tras el informe, convirtiéndose en la víctima vigesimoprimera. No trascendió información pública acerca de si hubo heridos entre el personal de las fuerzas armadas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, una coalición de organizaciones de derechos humanos, ha denunciado que policías agredieron a algunas personas durante su arresto o mientras se encontraban en su custodia; utilizaron indebidamente armas menos letales que causaron lesiones a manifestantes; demoraron el acceso de los abogados a las personas detenidas en dependencias policiales; y retuvieron a algunos detenidos por un período mayor al permitido por ley.
Algunos de los presuntos abusos ocurrieron después de que, el 14 de diciembre, la Presidenta Boluarte declarara el estado de emergencia por 30 días. La declaración suspendió algunos derechos básicos, como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, y movilizó a las fuerzas armadas en “apoyo” a la policía en el mantenimiento del orden público.
Mientras miles de personas se han manifestado en forma pacífica, algunas protestas han estado acompañadas por actos de violencia, como arrojar piedras a la policía, agredir a personal sanitario, quema de dependencias del Ministerio Público y otros edificios públicos y privados, y saqueos.
La Asociación Nacional de Periodistas de Perú informó sobre 47 ataques contra periodistas que daban cobertura a las manifestaciones y contra medios de comunicación, el 90 % de ellos perpetrados por manifestantes y el resto por policías.
Los manifestantes bloquearon carreteras en todo el país por varios días. La Defensoría del Pueblo informó de seis muertes en accidentes viales y otros incidentes vinculados con los bloqueos. Un hospital infantil de Lima indicó que un niño había fallecido debido a que el bloqueo causado por una protesta no permitió que fuera transportado a un centro de salud, mientras que una ambulancia que llevaba a otros niños estuvo detenida por diez horas.
El derecho de protesta pacífica no incluye impedir el paso de ambulancias, insumos médicos y otros servicios de emergencia, señaló Human Rights Watch.
El Ministerio Público debería impulsar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demora sobre la muerte de manifestantes, las heridas sufridas por manifestantes y policías, y los demás actos de violencia ocurridos durante las protestas. Las investigaciones sobre posibles abusos por parte de policías o de las fuerzas armadas deben ser encabezadas por las fiscalías especializadas en derechos humanos, dijo Human Rights Watch. Además, las fiscalías de prevención del delito deberían tomar medidas preventivas para asegurar que la policía y las fuerzas armadas se atengan a la ley.
La movilización de las fuerzas armadas para mantener el orden público resulta especialmente preocupante, ya que no tienen los equipos, la formación ni la misión para llevar a cabo esas tareas. Videos difundidos en medios locales y redes sociales —que fueron revisados y verificados por Human Rights Watch— muestran a militares que al parecer disparan fusiles de asalto en calles cercanas al aeropuerto de Ayacucho.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 18 de diciembre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú señaló que “malos peruanos” habían atacado a militares. No brindó detalles sobre la muerte de 8 personas el 15 de diciembre —otra persona falleció el 17 de diciembre a causa de las heridas sufridas— ni sobre las heridas que sufrieron al menos 14 personas en zonas de Ayacucho en las cuales estaban desplegadas las fuerzas armadas, y no la policía.
El 18 de diciembre, la presidenta Boluarte dijo que, además de la investigación emprendida por el Ministerio Público, las muertes de los manifestantes serían investigadas en el fuero militar, que se aplica a miembros de las fuerzas armadas y de la policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los procesos por violaciones de derechos humanos deberían tramitar en el fuero penal ordinario, y no en tribunales militares, incluso en casos en los cuales los sospechosos sean miembros de las fuerzas armadas.
La política peruana ha estado particularmente polarizada desde que Castillo derrotó a Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2021 por un estrecho margen. Hasta este mes, un grupo de legisladores había intentado infructuosamente en varias ocasiones reunir los votos suficientes en el Congreso para destituir a Castillo.
En octubre, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia contra Castillo y dos exmiembros de su gabinete de gobierno por supuestamente integrar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La fiscalía ha iniciado seis investigaciones contra Castillo por presuntos hechos de corrupción y otros delitos. Paralelamente, el Ministerio Público también investiga a miembros del Congreso y a Fujimori por corrupción.
El intento de Castillo de disolver el Congreso en la mañana del 7 de diciembre parece haber estado orientado a impedir una votación programada para esa tarde, en la cual se trataría su destitución de la presidencia por las acusaciones de corrupción en su contra.
Después de que Castillo anunciara la disolución temporal del Congreso y la “reorganización” del poder judicial el 7 de diciembre, la mayoría de los miembros de su gabinete renunció y las fuerzas armadas emitieron una declaración instando a que se respetara la constitución. El Congreso aprobó la destitución de Castillo en las horas siguientes y la vicepresidenta Boluarte asumió la presidencia ese mismo día.
La policía detuvo a Castillo y la fiscalía lo acusó de los delitos de rebelión y conspiración. El 13 de diciembre, la Corte Suprema determinó que su detención había sido lícita. El 16 de diciembre, la justicia ordenó 18 meses de prisión preventiva para Castillo.
Boluarte manifestó en un primer momento que gobernaría hasta el final del mandato de Castillo, en 2026, pero tras el estallido de las protestas pidió al Congreso que aprobara la realización de elecciones generales anticipadas. El 20 de diciembre, el Congreso aprobó que su adelanto a abril de 2024. La decisión deberá confirmarse mediante una segunda votación en la próxima legislatura, tras el 28 de febrero de 2023.
Las elecciones generales incluirían elecciones presidenciales y legislativas. En Perú, los miembros del Congreso no pueden postularse a reelección inmediata, y celebrar elecciones anticipadas implicaría que los legisladores actuales pierdan sus escaños. Más del 80 % de los peruanos está a favor de que se adelanten las elecciones, según un sondeo que se realizó después del 7 de diciembre. La realización de elecciones anticipadas es uno de los principales reclamos de los manifestantes.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger las protestas pacíficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son ilícitas. Como norma general, las manifestaciones pacíficas que bloquean el tránsito pueden dispersarse solo si generan perturbaciones graves y sostenidas.
La policía y las fuerzas armadas deberían usar la fuerza únicamente cuando sea inevitable y, en ese caso, con moderación y de manera proporcional a las circunstancias. Solo debería hacerse uso deliberado de armas de fuego de forma letal cuando resulte absolutamente inevitable para proteger la vida de una persona, explicó Human Rights Watch.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en repetidas oportunidades que los militares solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos, y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas.
El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado es un problema persistente en Perú. Las normas relativas al uso de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad no cumplen con los estándares internacionales. El Congreso aprobó una ley en 2020 por la cual eliminó el requisito expreso de que el uso de la fuerza sea proporcional, y otorgó nuevas protecciones procesales a la policía.
Ocho meses tras la aprobación de la ley, la policía usó fuerza excesiva en Lima durante las manifestaciones mayormente pacíficas relacionadas con la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra. Más de 200 personas resultaron heridas y dos manifestantes murieron. El gobierno de Castillo no llevó a cabo reformas para que la policía actúe con mayor eficacia y en apego a la ley, subrayó Human Rights Watch.
Si bien varios países y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el intento de Castillo de “ruptura del orden constitucional”, Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron una declaración conjunta en la cual no se pronunciaron sobre sus acciones el 7 de diciembre y en su lugar le presentaron como una víctima de “hostigamiento” durante toda su presidencia.
“La comunidad internacional debe apoyar a los peruanos defendiendo el Estado de derecho y los principios democráticos”, expresó Goebertus. “Debería transmitir un mensaje claro a las autoridades peruanas sobre la necesidad de que haya investigaciones eficaces en la justicia ordinaria sobre las muertes de manifestantes y una solución pacífica a la crisis política que tome en cuenta las demandas legítimas de la ciudadanía”.
Fuente: HRW
