La Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza la ilegal intervención del Ministerio Público que esta mañana ingresó a la sede de IDL-Reporteros en diligencia que consideramos constituye un acto de hostigamiento tras la reciente difusión de audios que comprometen a miembros del Poder Judicial (Callao) y Consejo Nacional de la Magistratura.
Para la ANP, una vez más, se ataca al mensajero olvidando que en nuestro país el derecho constitucional a la reserva de las fuentes es sostén del ejercicio periodístico.
Llama la atención esta diligencia que no constituye en sí un acto de torpeza sino un grave atentado a la libertad de prensa. Resulta cuando menos extraño que con sorprendente celeridad el Ministerio Público -cuyo deber es defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos- lleve adelante la incautación de material periodístico a sabiendas de lo que lo que el marco legal prescribe sobre ello, siendo delito toda acción que impide circular libremente un órgano de expresión.
La ANP expresa su solidaridad y respaldo al equipo periodístico que dirige Gustavo Gorriti y que tiene como objetivo fundamental revelar todos aquellos asuntos de interés público que de alguna manera puedan afectar la salud moral del país.
El gremio, a nivel nacional, se mantiene vigilante ante esta nueva arremetida contra el periodismo de investigación, embestida impropia de un régimen democrático y que recuerda los peores momentos de la autocracia.
Claro está, para la ANP, que cuando se ataca a medios y periodistas, lo que se pretende es afectar garantías democráticas, más en un país donde los medios se convierten en el principal instrumento de denuncia de la corrupción.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
