En todos los países de América del Norte los periodistas y los medios de comunicación afrontan amenazas verbales y físicas, así como restricciones para tener acceso a la información. Además, las leyes y procesos judiciales que limitan sus derechos se han multiplicado en la región. La situación de la libertad de prensa en Estados Unidos sigue deteriorándose bajo la presidencia de Donald Trump. No obstante, después de tres años de experimentar un retroceso significativo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, el país asciende al puesto 45 (remonta tres posiciones respecto al año anterior) y se adentra, por poco, en la zona de países donde la situación se considera “satisfactoria”. La hostilidad hacia los periodistas y los medios de comunicación se ha intensificado y se ha vuelto más profunda. Pocos atacan a la prensa con tanta ferocidad como Donald Trump y esta actitud ha empeorado aún más en 2020, en plena pandemia de coronavirus: los periodistas que cubren la gestión de la crisis por parte del gobierno sufren la ira del presidente durante sus conferencias de prensa.
Por su parte, Canadá (+2) asciende a la posición 16ª en la Clasificación, aunque su evolución presenta altibajos, con denegaciones de acceso a la información y fallos judiciales tanto a favor como en contra de los derechos de los periodistas.
Persisten el acoso y las amenazas
Los periodistas de Estados Unidos siguen sufriendo amenazas, hostigamiento y descrédito. Como en años anteriores, a lo largo de 2019 el presidente Trump continuó con sus agresiones a los periodistas y medios de comunicación, con ataques personales o acusaciones de publicar fake news (noticias falsas). Dicha expresión, que Trump popularizó durante su campaña electoral, la utilizan hoy en día dirigentes de todo el mundo para arremeter contra los medios de comunicación.
En los últimos dos años se ha vuelto cada vez más común que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP) acosen a los periodistas en los puntos de control de la frontera. Un periodista señaló que sufrió un interrogatorio abusivo por un reportaje que había publicado sobre el presidente, mientras que otro fue acusado por un agente fronterizo de ser un “mentiroso” que “ataca a la democracia [estadounidense]”.
Incluso en Jamaica (6o, +2), el país mejor clasificado de América del Norte, el Primer Ministro se ha inspirado en la estrategia de Trump y ha intentado socavar la confianza de la población en la prensa, diciendo a sus simpatizantes que esta no siempre informa de los hechos e instándolos a consultar sus páginas y las de su partido en las redes sociales para obtener información fidedigna.
Los gobiernos locales, líderes religiosos, y parte de la población de Estados Unidos mostraron una creciente hostilidad hacia la prensa en 2019, a la vez que continuaron registrándose agresiones físicas a periodistas. Sin embargo, el grado de violencia disminuyó respecto a 2018, año en que un hombre armado asesinó a cinco empleados del diario Capital Gazette, en Maryland. El número de agresiones físicas a reporteros fue menor en 2019 que en los dos años anteriores, según el sitio web independiente U.S. Press Freedom Tracker, que documenta los atentados contra la libertad de prensa en Estados Unidos. No obstante, los periodistas siguen padeciendo agresiones en todo el país durante las manifestaciones, los mítines de Trump (Trump rallies) y en los recintos legislativos estatales y federales. Las autoridades federales detuvieron a un soldado del ejército estadounidense y a un teniente de la Guardia Costera que preparaban, cada uno por su cuenta, violentos ataques contra periodistas e importantes medios de comunicación estadounidenses.
Represalias y limitaciones de acceso a la información
En 2019, tanto las autoridades estadounidenses como las canadienses intentaron impedir que los reporteros cubrieran cuestiones polémicas. En Estados Unidos aumentó el número de casos en que se denegó el acceso a la información a periodistas, en todos los estados. De Nueva Jersey a Kansas, gobiernos estatales y federales limitaron el acceso de la prensa a eventos o reuniones de interés público. Algunos estados, como Vermont y Arkansas, establecieron reglamentos que podrían restringir el tipo de cobertura periodística autorizada en los recintos municipales. El gobierno de Trump no dio mejor ejemplo. En marzo de 2019 dejó de celebrar la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, que se realizaba en presencia de un secretario de prensa y se retransmitía por televisión. El presidente la reemplazó por chopper talks (conversaciones a pie de helicóptero, al estilo de la cobertura que hace la prensa sensacionalista), con Trump frente al avión o el helicóptero presidencial. Esto le permite limitar y controlar el tiempo que dedica a responder a las preguntas de los periodistas. Asimismo, en agosto de 2019, el gobierno de Trump intentó revocar la acreditación de prensa de un corresponsal en la Casa Blanca y prohibió que un equipo de prensa tuviera acceso a reuniones de alto nivel.
En marzo de 2019, cuando llegó al país la caravana de migrantes procedente de Honduras, se dio a conocer que el gobierno estadounidense poseía una base de datos secreta donde aparecían los nombres de periodistas y activistas, entre otros, a quienes las autoridades deberían detener, interrogar y someter a un segundo control de seguridad en los puestos de control ubicados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los periodistas que figuraban en esta lista fueron detenidos y tuvieron que mostrar a los agentes fronterizos el contenido de su equipo profesional o identificar a individuos que habían estado en la frontera.
En Canadá, unos funcionarios impidieron físicamente a reporteras indígenas entrevistar a líderes de tribus. Por otra parte, la policía federal evitó que la prensa pudiera acceder a territorios autóctonos donde se realizaban protestas medioambientales. Sin embargo, meses después, en marzo de 2019, una orden judicial histórica estableció que los periodistas tenían derecho a cubrir estas manifestaciones y subrayó la importancia de que los medios de comunicación aborden cuestiones indígenas.
Tanteando los límites de la libertad de prensa
En 2019, el gobierno de Trump siguió reprimiendo enérgicamente a los denunciantes (whistleblowers). Bajo la Ley de Espionaje de la I Guerra Mundial (la Espionage Act, que data de 1917), se juzgó a tres empleados del gobierno por haber proporcionado información clasificada a periodistas. En un hecho sin precedentes, el Departamento de Justicia presentó 18 cargos, 17 de ellos bajo la Ley de Espionaje, contra el cofundador de Wikileaks, Julian Assange. Es la primera vez que se acusa a alguien de espionaje por haber publicado documentos clasificados. Si el Reino Unido extradita a Assange a Estados Unidos y este es declarado culpable en virtud de la Ley de Espionaje, la sentencia podría crear un peligroso precedente jurídico, ya que permitiría perseguir penalmente a periodistas por haber hecho su trabajo, algo que en principio está protegido por la Constitución.
En Canadá, la Ley Escudo (shield law), aprobada en 2017, dio frutos por primera vez en septiembre de 2019 al reafirmar el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes. Por desgracia, esta ley federal no protege el material confidencial, como los registros de las comunicaciones. Esto quedó en evidencia en julio de 2019, cuando un tribunal dictó que un periodista de Vice Canadá debía entregar a la policía federal los registros de las comunicaciones confidenciales que tuvo con una de sus fuentes, un fallo que tiene peligrosas consecuencias para la independencia periodística. Por una parte, los periodistas no tienen por qué ser brazos de investigación de las fuerzas del orden y, por otra, dependen de las relaciones de confianza con sus fuentes para poder desempeñar su trabajo.
Aunque en Estados Unidos no hay una ley escudo federal, la mayoría de los estados tienen estatutos propios para proteger el derecho de confidencialidad de las fuentes periodísticas. En mayo de 2019 la policía de San Francisco violó la ley escudo de California al registrar el domicilio del periodista independiente Bryan Carmody y confiscar su equipo profesional para conocer la identidad de sus fuentes. Finalmente, los jueces anularon la orden de registro, considerándola ilegal en virtud de dicha ley.
Qué depara el futuro
En los albores de una nueva década, los países que conforman la región de América del Norte deberán dar prioridad a políticas y prácticas que favorezcan la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. En Estados Unidos los nuevos dirigentes políticos deberán defender medidas como la ley escudo y reformar la Espionage Act, a fin de prohibir que se persiga a periodistas por su trabajo y que sea posible defender a los denuciantes cuando se trate de información de interés público.
Por otro lado, Canadá impulsó en julio de 2019, junto con Reino Unido, la Coalición para la Libertad de Prensa, asumiendo un papel protagonista en la protección de la libertad de expresión a escala mundial.
En 2019, países caribeños como Trinidad y Tobago (26o, +3) y Jamaica adoptaron leyes que podrían afectar a la protección de la prensa. Para avanzar, deberán revisar esta legislación y asegurarse de que las nuevas normas no restrinjan la libertad de los medios de comunicación.
En 2019 periodistas y medios de comunicación de Estados Unidos se prepararon para hacer frente a los actos de violencia y disturbios que podrían registrarse en las elecciones previstas en 2020, pero la pandemia del Covid-19 que sacude al país y al mundo entero, ha relegado sus preocupaciones. Es responsabilidad de los gobiernos federales, de las autoridades locales y de las instituciones privadas permitir que la prensa cubra esta pandemia y su impacto en la vida cotidiana de la población. También que los científicos, el personal sanitario y los funcionarios comuniquen información sin restricciones sobre esta delicada cuestión.
Fuente: Reporteros Sin Fronteras
