Un país mudo, sordo, y ciego es la meta del gobierno en materia de comunicación, periodismo e internet. Una meta cada vez más difícil por la cada vez mayor, aunque lenta, conexión a internet de los ciudadanos y la perseverancia de periodistas y medios independientes que no cesan sus labores pese a las restricciones.
El contexto político está más inestable debido al cambio de gobierno el 19 de abril. Por primera vez desde 1959 que ningún Castro estará al frente del poder y las relaciones con EE.UU., después de un período beneficioso con el gobierno anterior, son tensas. No se esperan mejoras por el cambio de Presidente. Ninguna figura es vista con peso propio y Raúl Castro mantendrá el cargo de Primer Secretario del Partido Comunista.
Tras el anuncio del presidente Donald Trump de crear un “grupo operativo” para apoyar el acceso de los cubanos a internet y el desarrollo de medios independientes, la Seguridad del Estado incrementó la agresividad contra los periodistas no oficialistas.
A los problemas políticos se suma la economía cada vez más complicada con incremento sostenido de precios y escasez de productos alimenticios y de construcción. La corrupción es galopante.
La prensa independiente procura sobrevivir y crecer. Un centenar de periodistas, fotógrafos, video realizadores, facebookers y activistas de la comunicación, firmando con su nombre o bajo seudónimo cuando aún conservan vínculos laborales con el Estado, informan entremedio de represalias del gobierno y la Seguridad del Estado.
Han sido atacados la Asociación Cubana Pro Libertad de Prensa, el Centro de Pensamiento Convivencia, el diario digital 14ymedio, las agencias de video periodismo Palenque Visión y En Caliente Prensa Libre, la plataforma Cuba Posible y la revista La Hora de Cuba. También proyectos fuera de la isla como Diario de Cuba, Martí Noticias, Cubanet, ICLEP, El Estornudo, entre otros.
Fueron expulsados de empleos estatales Iris Mariño, Sol García Basulto y José Raúl Gallego, profesores, y Amaury Valdivia, periodista en un medio oficial; los tres por colaborar con prensa independiente o extranjera. Fueron espiados Sol García Basulto, Reinaldo Escobar, Henry Constantín, y prácticamente todos los que abrazan el periodismo independiente.
Fueron amenazados con que se tomarían represalias contra sus familias Adriana Zamora, Luz Escobar e Iris Mariño. Les robaron equipos de trabajo usando pretextos legales a Rudy Cabrera, Sol García Basulto, Rolando Rodríguez Lobaina y Anderlay Guerra. Les allanaron sus casas a Iris Mariño, Rudy Cabrera, Osmel Ramírez y Eliecer Palma.
Otros periodistas fueron víctimas de campañas de desprestigio en sus barrios y en internet a Inalkis Rodríguez Lora, Iris Mariño, Sol García Basulto, Osmel Ramírez y Karina Gálvez.
Les prohibieron salir de sus hogares a Inalkis Rodríguez Lora y Henry Constantín y a muchos no les permitieron salir del país, entre ellos, a Amarilis Cortina, Miriam Herrera, Yusimí López, Iliana Hernández, Rosalia Viñas, Karina Gálvez, Sol García Basulto, Raúl Velázquez, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Osmel Ramírez, Augusto César San Martín, Jorge Enrique Rodríguez y Henry Constantín.
Fueron arrestados en distintas circunstancias Amarilis Cortina, Sol García Basulto, Boris González Arena, Rudy Cabrera, Ignacio González Vidal, Eliecer Palma, Manuel Alejandro León, Osmel Ramírez y Raúl Velázquez. A otros los sometieron a revisiones e interrogatorios exhaustivos al entrar o salir del país, como a Alejandro Rodríguez, Rolando Rodríguez Lobaina.
Muchos también fueron citados por agentes al Ministerio del Interior, tal los casos de Iris Mariño, Luz Escobar, Ana León, Rosalia Viñas, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo.
Todas estas agresiones se dan en un clima de total indefensión jurídica y de un Estado que lo gobierna todo.
El monopolio de las telecomunicaciones es a través de ETECSA. Aunque en el último año casi todos los 169 municipios cuentan con al menos un área pública externa para conexión inalámbrica y otra para cable. En algunos barrios de ciertas ciudades usuarios de teléfonos fijos tienen el derecho de conectarse al plan Nauta Hogar. En Camagüey, la tercera ciudad más grande de Cuba, solo tres de veinte barrios tiene el servicio.
La conexión sigue siendo cara, aunque se redujo a 1.50 dólares estadounidenses. El salario promedio mensual permite solo 30 horas de conexión al mes.
El gobierno bloquea sitios web y direcciones de email relacionados con el periodismo y los derechos humanos. Varias webs periodísticas nacionales y del extranjero están bloqueadas en Cuba, como las de 14ymedio, Diario de Cuba, Cubanet, Martinoticias, Cibercuba, El Estornudo y Café Fuerte. También los portales de GIJN y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los servidores de correos estatales, los más usados en todo el país, han bloqueado el acceso a servicios de noticias vía email como los de Diario de Cuba, Cubanet y 14ymedio, y a las suscripciones a blogs por la misma vía como a la Furia de los Vientos, del escritor Pedro Armando Junco.
El espionaje de los datos de navegación y de teléfono, y el hackeo de perfiles personales en redes sociales es moneda corriente. La cuenta personal en Facebook de la activista de derechos humanos Sayli Navarro fue hackeada y usada para divulgar mensajes dañinos a su trabajo en favor de la Seguridad del Estado. Las comunicaciones telefónicas de la mayoría de los periodistas independientes son espiadas por el Ministerio del Interior.
Permanece inalterable el aparato legal que impide la libre expresión. La Constitución de la República, el Código Penal, la Ley 88, la Ley de Asociaciones, la Ley para la Inversión Extranjera, los reglamentos escolares de los ministerios de Educación y de Educación Superior, los deberes del usuario de los servicios de ETECSA, las regulaciones de la Aduana de la República, y otras leyes y disposiciones estatales penalizan de diversas formas cualquier expresión y el trabajo periodístico, desde la adquisición de materiales de impresión hasta la publicación de contenidos y su distribución.
Las universidades siguen siendo regidas por el principio de que “La universidad es para los revolucionarios”, lo cual excluye a todos aquellos que manifiesten expresiones contrarias a las del gobierno. Las facultades de humanidades, comunicación o periodismo, siguen siendo objetivo de control del aparato político. Especialmente en la Universidad de Camagüey los estudiantes y profesores son citados a frecuentes reuniones de “orientación” con funcionarios del Partido Comunista, en las que se les suele reiterar el peligro de que contacten con medios de prensa independiente.
Otros hechos que tuvieron repercusión en materia de libertad de expresión fue que tres sacerdotes católicos expresaron en una carta que circuló masivamente que “el monopolio y control de los medios de comunicación social hace que nadie pueda acceder a medios públicos de comunicación de modo libre” y que “los cubanos viven con miedo” a expresarse. La Iglesia Católica gestiona los únicos medios de prensa no estatales y con circulación pública, especialmente el boletín Vida Cristina, de alcance nacional.
El gobierno prohibió el acceso al país a los ex presidentes Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia en marzo, quienes habían ganado el premio “Oswaldo Payá”. Fueron deportados a su llegada. Para la ocasión, el gobierno desplegó una ola de hostigamiento policial a activistas y periodistas independientes cubanos que intentaron participar en la premiación.
