Los malos cuidados médicos han contribuido en más de la mitad de las muertes reportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante un período de 16 meses, dijeron Human Rights Watch, la Unión Americana de Libertades Civiles, Detention Watch Network y National Immigrant Justice Center en un informe publicado hoy.
Partiendo del análisis de expertos médicos independientes, el informe de 72 páginas “Code Red: The Fatal Consequences of Dangerously Substandard Medical Care in Immigration Detention” (“Código rojo: las consecuencias letales de la atención médica peligrosamente inadecuada en la detención de inmigrantes”) examina los 15 “informes de defunción de detenidos” emitidos por el ICE entre diciembre de 2015 y abril de 2017. El ICE todavía tiene que publicar su informe para otra muerte en ese período. Ocho de las 15 evaluaciones públicas de defunción muestran que una atención médica inadecuada contribuyó o condujo a la muerte de la persona. Los médicos que llevaron a cabo el análisis también encontraron evidencia de prácticas médicas precarias en todas las demás evaluaciones menos en una.
“ICE ha demostrado ser incapaz o no estar dispuesto a proporcionar de manera adecuada la atención médica y la seguridad de las personas a las que detiene”, dijo Clara Long, investigadora sénior sobre el programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Los esfuerzos del gobierno de Trump para expandir drásticamente el sistema de detención de inmigrantes ya saturado sólo pondrá en riesgo a más personas”.
Doce personas murieron en detención migratoria en el año fiscal 2017, más que en cualquier año desde 2009. Desde marzo de 2010, 74 personas han muerto en detención migratoria, pero el ICE sólo ha publicado informes de defunción completos o parciales para 52 de los casos.
Partiendo de los informes de defunciones, los grupos prepararon cronogramas de los síntomas de las personas que murieron en detención y el tratamiento que recibieron del personal médico, junto con comentarios de expertos médicos sobre la atención documentada por el ICE y sus incumplimientos de la práctica médica común. Las muertes detalladas en el informe incluyen:
- Moisés Tino López, de 23 años, tuvo dos ataques de convulsiones en nueve días, ambos presenciados por el personal y reportados a las enfermeras de guardia en el Centro Correccional del Condado de Hall en Nebraska. No fue examinado por un médico ni enviado al hospital después de la primera convulsión. Durante su segunda convulsión, el personal lo movió a un colchón en una nueva celda, pero tampoco fue evaluado por un médico. Aproximadamente cuatro horas después de esa convulsión, encontraron que no respondía a estímulos y que tenía los labios azulados. Fue enviado al hospital pero nunca recuperó la conciencia y murió el 19 de septiembre de 2016.
- Rafael Bárcenas-Padilla, de 51 años, había tenido síntomas de resfriado durante seis días en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Nuevo México cuando su fiebre superó los 40 grados centígrados y las enfermeras registraron niveles peligrosamente bajos de saturación de oxígeno en su sangre. Un médico, consultado por teléfono, recetó un medicamento para las infecciones de las vías respiratorias superiores. El centro de detención del ICE no tenía el nebulizador necesario para administrar uno de los medicamentos, por lo que no lo recibió, y registró lecturas de oxígeno peligrosamente bajas que deberían haber provocado su hospitalización. Tres días después, lo enviaron al hospital, donde murió de bronconeumonía el 7 de abril de 2016.
- José Azurdia, de 54 años, se enfermó y comenzó a vomitar en el Centro de Detención de Adelanto en California. Un guardia informó a una enfermera sobre la condición de Azurdia, pero ella dijo que “no quería ver a Azurdia porque no quería enfermarse”. En cuestión de minutos, su brazo quedó insensibilizado, tenía dificultad para respirar y tenía dolor en el hombro y cuello: síntomas de un ataque al corazón. Debido a retrasos adicionales por parte del personal médico, pasaron dos horas antes de que lo enviaran al hospital, pero para entonces su corazón había sufrido demasiados daños como para responder al tratamiento. Azurdia murió en el hospital cuatro días después, el 23 de diciembre de 2015.
“Los centros de detención de inmigrantes son lugares donde la vida corre peligro y la gente muere”, dijo Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, una coalición nacional que expone las injusticias del sistema de detención y deportación de inmigrantes de EE.UU.. “La cifra de muertes acumuladas por el ICE es inaceptable y pone en evidencia que no se puede confiar en que cuiden a los inmigrantes bajo su custodia”.
En el año fiscal 2017, el ICE tenía en custodia un promedio diario de casi 40.500 personas, un aumento de casi el 500 por ciento respecto a 1994. El gobierno de Trump ha solicitado al Congreso que destine US$2.700 millones para el año fiscal 2019 para encerrar a un promedio diario de 52.000 inmigrantes en instalaciones de detención migratoria, una cifra récord que representaría una expansión del 30 por ciento frente al año fiscal 2017.
“En la medida en que el Congreso continúe financiando este sistema, es cómplice de sus abusos”, dijo Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, un grupo no gubernamental dedicado a garantizar la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia para todos los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. “El Congreso debe actuar de inmediato para disminuir, en lugar de ampliar, la detención y exigir estándares sólidos de salud, seguridad y derechos humanos en la detención de inmigrantes”.
El nuevo análisis es una actualización de un informe de 2017 de Human Rights Watch que examinó las muertes en detención entre 2012 y 2015, así como un informe de 2016 de la Unión Americana de Libertades Civiles, Detention Watch Network y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que examinó las muertes en detención entre 2010 y 2012.
Los expertos médicos que analizaron las evaluaciones de defunción para estos grupos incluyen al Dr. Marc Stern, antiguo director de servicios de salud del Departamento de Correcciones del estado de Washington; el Dr. Robert Cohen, ex director de Montefiore Rikers Island Health Services; y el Dr. Palav Babaria, director administrativo de Servicios Ambulatorios del Sistema de Salud Alameda en Oakland, California, y profesor clínico asistente de Medicina Interna en la Universidad de California, San Francisco.
Seis de las nuevas muertes examinadas ocurrieron en instalaciones operadas por las siguientes compañías privadas bajo contrato del ICE: CoreCivic, Emerald Correctional Management, GEO Group y Management and Training Corporation (MTC).
“ICE pone en peligro la salud y la vida de miles de personas al no brindar atención médica adecuada a las personas que detiene durante semanas, meses e incluso años”, dijo Victoria López, abogada de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU.
