Con el fin de afrontar las importantes dificultades económicas y el duro golpe que ha supuesto la pandemia de Covid-19, el gobierno mexicano está acometiendo, a finales de 2020, importantes recortes presupuestarios destinados especialmente a enfocar sus esfuerzos financieros en la lucha contra el coronavirus, entre otros argumentos.
En este contexto, la Cámara de Diputados -el 8 de octubre-, y el Senado -12 días después-, votaron a favor de suprimir 109 fideicomisos, instrumentos legales creados por el Estado para proveer y distribuir recursos financieros públicos destinados a actividades sin ánimo de lucro (cine independiente, deporte, etc.). Entre estos instrumentos está el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, encargado de administrar los fondos para la implementación y operación de las “Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección” (según establece el art. 49 de la Ley de Protección art.49), creado en 2012 y adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).
La votación y la decisión irrevocable del Parlamento -sobre las que la sociedad civil había hecho innumerables advertencias, entre ellas que la que RSF dirigió a la Cámara de Diputados el 8 de junio-, han generado mucha inquietud sobre el futuro del Mecanismo de Protección. En un comunicado publicado el 28 de septiembre, la dirección del Mecanismo destacaba en particular “la pérdida de flexibilidad a la hora de adoptar [medidas urgentes de protección para periodistas en peligro, N. del. E.] y de poner en marcha medidas urgentes”, lo que llevaría a la desaparición del Fideicomiso. En los últimos días, RSF ha recabado numerosos testimonios de los preocupados beneficiarios del Mecanismo, y, en particular, de familiares de periodistas víctimas de desplazamiento forzado que se han refugiado sobre todo en la Ciudad de México, cuyo futuro se encuentra en la total incertidumbre a partir de ahora.
La desaparición de este Fideicomiso complicará aún más los trámites administrativos para implementar las medidas de protección, además de generar una mayor carga burocrática que, potencialmente, podría poner en peligro la vida y la seguridad de los periodistas bajo protección o de quienes lo soliciten en adelante. También hace temer que se produzca una mayor opacidad con respecto al uso de los fondos asignados al Mecanismo.
“El presidente López Obrador y el Ministerio del Interior deben comunicar lo antes posible de qué manera se van a reemplazar las atribuciones de este Fideicomiso, además de garantizar que los recursos destinados al Mecanismo se mantendrán y gestionarán con total transparencia”, apunta Emmanuel Colombié, director de la oficina de RSF en América Latina. “México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Es inconcebible que esta votación pueda debilitar el Mecanismo y que se ponga en peligro a sus beneficiarios. Las autoridades mexicanas deben crear lo antes posible un nuevo sistema transparente y eficiente que permita al Mecanismo cumplir con su mandato con prontitud y a largo plazo, además de tomar con seriedad en esta nueva etapa las recomendaciones de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión”.
Actualmente, el Mecanismo cuenta con 1.304 beneficiarios, entre los que se incluyen 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y 886 defensores de los derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres).
El pasado mes de noviembre, durante la visita a México de una coalición internacional de la que RSF forma parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se comprometió a implementar gradualmente las 104 recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió en julio de 2019 en Ciudad de México con el fin de mejorar el funcionamiento del Mecanismo. Entre ellas se cuenta la necesidad de que el Estado garantice e incremente los recursos humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento del Mecanismo. Las autoridades mexicanas no han tomado ninguna decisión concreta desde entonces.
Al menos 15 periodistas han sido asesinados en relación directa con su trabajo de información desde que comenzó el mandato del presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018. Solo durante 2020 han sido asesinados cinco periodistas, lo que convierte a México en el segundo país más peligroso del mundo para la prensa, por detrás de Irak, donde se registraron 6 casos.
Fuente: Reporteros Sin Fronteras
