Las políticas del gobierno de Trump podrían agravar las condiciones ya precarias que enfrentan los trabajadores del sector de empaque de productos cárnicos en Estados Unidos, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El gobierno de Trump está disminuyendo la supervisión de los productores avícolas, porcinos y bovinos, y eliminando los límites a las velocidades de producción.
El informe de 100 páginas, “‘Cuando estemos muertos y bajo tierra, nos seguirán doliendo los huesos’: Amenaza a los derechos de los trabajadores de plantas avícolas y cárnicas de EE. UU.”, describe tasas alarmantes de lesiones graves y enfermedades crónicas en las plantas de matanza y procesamiento de aves, cerdo y ganado vacuno. Human Rights Watch entrevistó a trabajadores que nos describieron graves lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo, y casi todos los trabajadores entrevistados identificaron a la velocidad de producción como el factor que hacía que sus trabajos fueran peligrosos.
“Los trabajadores del sector cárnico y avícola estadounidense padecen fuertes presiones para mantener los niveles de producción, y se exponen así a lesiones traumáticas y enfermedades incapacitantes”, expresó Matt McConnell, investigador asociado de la división de Empresas y Derechos Humanos del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Al dar luz verde a las empresas para que aceleren su producción, el Gobierno estadounidense pone en peligro la salud de los trabajadores”.
La matanza y el procesamiento de animales es una tarea de por sí difícil, y los cientos de miles de hombres y mujeres que se ocupan de la matanza, el corte, el deshuesado y el empaque de productos cárnicos de ganado criado en EE. UU. sufren índices de lesiones y enfermedades laborales que están entre los más altos del país. Sin embargo, el Gobierno de EE. UU. está debilitando la supervisión del sector. Esto ocurre luego de décadas de inacción del Gobierno, que no estableció estándares internos de seguridad y salud en el lugar de trabajo que regulen las prácticas en el sector y mejoren las protecciones de los trabajadores.
Human Rights Watch entrevistó a 49 personas que trabajan en la actualidad, o lo hicieron anteriormente, en plantas de matanza y procesamiento de pollos, cerdos y ganado vacuno en varios estados de EE. UU., así como a más de 50 líderes comunitarios y de trabajadores, representantes de sindicatos, abogados, investigadores del ámbito académico, especialistas en seguridad y salud de los trabajadores y exfuncionarios gubernamentales. Human Rights Watch también consultó numerosas fuentes secundarias de información, como informes de organizaciones no gubernamentales y de investigadores federales, además de estudios gubernamentales y académicos, datos oficiales de pública consulta y publicaciones médicas.
Human Rights Watch entrevistó a trabajadores que manifestaron recibir presiones para trabajar a velocidades que los exponen al riesgo de lesiones graves, incluso con posibles riesgos para su vida, aun en aquellas plantas que no operan bajo las velocidades máximas permitidas.
“Ya hemos pasado del límite del agotamiento al límite del dolor”, expresó Ignacio Dávalos, un trabajador de una planta de carne porcina en Nebraska. “Cuando estemos muertos y bajo tierra, nos seguirán doliendo los huesos”.
Durante la Administración Trump, el gobierno está ampliando el número de empresas avícolas que pueden acelerar la velocidad con que se realizan las matanzas, que se conocen como “velocidades de línea”, y superar los topes fijados por una norma establecida durante la gestión de Obama como parte de cambios a los sistemas de inspección. El gobierno también ha propuesto reglamentaciones que establecerían nuevos sistemas de inspección y eliminarían los topes máximos a las velocidades de las líneas de matanza para los productores del sector porcino, y está considerando las mismas medidas para la carne vacuna, según indica la organización de incidencia Food & Water Watch.
El gobierno también ha seguido debilitando la supervisión de la seguridad de los trabajadores en las empresas cárnicas y avícolas; por ejemplo, han disminuido las medidas de control de cumplimiento por parte de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) del Departamento de Trabajo, la agencia federal que se encarga de controlar los estándares laborales. Asimismo, no hay una comprensión clara de la verdadera magnitud de los perjuicios que enfrentan los trabajadores, pues hay poca transparencia en los índices que informa el sector sobre lesiones y enfermedades. Numerosos estudios han mostrado discrepancias entre los datos federales sobre lesiones y enfermedades laborales en la industria y las experiencias de los trabajadores.
El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de EE. UU. (US Food Safety and Inspection Service) debería poner fin a la desregulación de las velocidades en las líneas de sacrificio de la industria de matanza y procesamiento cárnico y avícola, apuntó Human Rights Watch. A través de la OSHA, el Gobierno de EE. UU. debería además mejorar las condiciones de los trabajadores asegurando una mayor supervisión, reglamentación y transparencia, entre otras cosas, estableciendo estándares para abordar los factores de riesgo asociados con lesiones y enfermedades, como velocidades de trabajo, exposición a productos químicos y otros peligros ergonómicos.
Asimismo, el gobierno debería adoptar medidas para asegurar que los datos sobre lesiones y enfermedades laborales de los trabajadores sean precisos y puedan ser consultados por autoridades regulatorias federales y por el público en general, incluida la consulta de los formularios de comunicación de lesiones y enfermedades laborales que realizan los empleadores, a fin de recopilar de manera más eficaz la información sobre lesiones relacionadas con traumas acumulativos. Las empresas dedicadas al sacrificio bovino y avícola y los establecimientos que compran sus productos deberían asimismo identificar, prevenir y remediar las violaciones de derechos humanos que se produzcan en sus cadenas de suministro.
Las normas internacionales de derechos humanos protegen el derecho de todas las personas a condiciones de trabajo seguras y saludables, así como el derecho al más alto nivel de salud posible. Conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y asegurarse de no provocar ni propiciar violaciones de estos derechos.
“El Gobierno estadounidense no debería desestimar las consecuencias humanas de sus políticas”, indicó McConnell. “Tiene la facultad y la obligación de mejorar las condiciones de los trabajadores, por lo que no debería empeorarlas”.
