Lo que está ocurriendo en Nicaragua es un ataque masivo contra todas las libertades incluida la de expresión. Cada semana se eleva el número de muertos desde que el pasado 18 de abril empezaran las protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega. Es un balance que no admite más calificativo que el de agresión abierta contra la libertad más sagrada cual es la de que un pueblo pueda expresar pacíficamente en la calle su protesta contra un gobierno que las ha conculcado todas. Las matanzas de manifestantes se suceden y ya sobrepasan el centenar según fuentes de la oposición, de los medios de comunicación y de la propia Iglesia Católica. Reporteros Sin Fronteras ha denunciado repetidamente las amenazas que sufren los periodistas en el día a día, las restricciones a la libertad de prensa y los riesgos que implica ejercer esta profesión en una región en la que más de 180 profesionales han sido asesinados y en la que el 90 por ciento de los casos permanecen en la impunidad.
El otrora líder revolucionario contra Somoza, hoy presidente Daniel Ortega, se ha convertido él mismo en el gobernante represor de las libertades por las que el sandinismo tanto combatió. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, erigida como mediadora entre el Gobierno y los estudiantes, empresarios y campesinos ha suspendido indefinidamente el diálogo entre las partes mientras el presidente Ortega siga negándole al pueblo el derecho a manifestarse libremente. La policía represiva, así como grupos violentos sandinistas, se dedican a amedrentar a los manifestantes que piden la dimisión del Gobierno, aferrado al poder con un rotundo “aquí nos quedamos” del primer mandatario del país. Precisamente, cerca del Estadio nacional de Managua, otrora escenario de las protestas de los sandinistas hoy en el poder, empezaron los disparos contra los manifestantes.
Como en otras ocasiones y lugares, los estudiantes nicaragüenses se manifiestan desde el mes pasado para pedir una investigación independiente sobre los muertos de abril pues es el colectivo que más víctimas asume a manos de la policía. Y como suele ocurrir en los actos de represión policial contra los manifestantes, el poder no quiere testimonios, y menos gráficos, de los excesos cometidos por sus fuerzas represivas, en especial cuando se contabilizan muertos. El pasado 21 de abril, un periodista, Angel Eduardo Gahona, corresponsal de Canal 6 en la región autónoma del Caribe, fue abatido por un disparo directo a su cabeza. Gahona se hallaba cubriendo las protestas por las reformas del Gobierno en menoscabo de la seguridad social. En esta ocasión el mismo medio en el que trabajaba afirmó que el periodista había sido abatido “por grupos criminales de la derecha vandálica”.
Aunque la reforma laboral del Gobierno, detonante de las protestas, ha sido revocada, el mal ya está hecho. Demasiados muertos y una situación de violencia en espiral. Sergio Ramírez, autor de “Castigo divino”, Premio Cervantes de este año, lo dedicó a la memoria de los muertos nicaragüenses que “en los últimos días han sido asesinados en la calles por reclamar justicia y democracia”.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha suspendido indefinidamente el diálogo entre Gobierno y opositores en tanto los empresarios retiran su tradicional apoyo al Ejecutivo y piden elecciones. Pero el Gobierno se mantiene en sus trece y aunque finalizando mayo parece que la violencia ha amainado, el malestar ciudadano prosigue y cualquier chispa puede hacer saltar de nuevo los enfrentamientos con resultado de nuevas víctimas. Las marchas por la capital, Managua, que empiezan a conocerse como “Marchas de las Madres de Abril” , parafraseando las marchas de las Madres de Mayo argentinas, no conmueven al presidente Ortega, que ya ha dejado clarísimo ante quienes piden su dimisión: “Aquí nos quedaremos”.
La democracia en Nicaragua no existe. Así de simple. El poder legislativo se halla férreamente controlado por Daniel Ortega con 71 escaños de los 92 de la Cámara tras las fraudulentas elecciones de 2016, control que se extiende sobre el poder judicial en el cual 11 de los 16 magistrados del Tribunal superior son sandinistas. Para redondear el monopolio del poder, el gobierno controla férreamente no sólo los medios de comunicación; también a la población mediante una especie de fuerzas paramilitares que emanan de las juventudes sandinistas y de la vicepresidenta Rosario Murillo, a la vez esposa del presidente.
Sobre las amenazas que sufren los periodistas, las restricciones a la libertad de prensa y los riesgos que implica ejercer esta profesión en un país en el que el que el 90 por ciento de los casos de profesionales asesinados permanecen en la impunidad, la escritora nicaragüense, Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios lo expresó así: “Los medios independientes no tienen acceso a la información pública. No los dejan entrar a las conferencias de prensa. Cada día tienen mayores restricciones y ante un Gobierno que no rinde cuentas, estamos en una situación en la que no sabemos qué está pasando”. Chamorro destacó que todos los periodistas asesinados en los últimos años, son un ejemplo de heroicidad en el ejercicio de la libertad de sus conciencias y expresiones, además de ejercer un liderazgo al servicio de la sociedad. “A todos ellos los mataron por el mismo supuesto delito, por no callarse, por decir la verdad, quisieron brutalmente silenciarlos, pero lo que no sabían sus asesinos es que se puede matar a un hombre o mujer, pero no sus ideas que se eternizan en las nuevas generaciones”, remachó la presidenta de la Fundación.
María Dolores Masana Argüelles
Ex presidenta de Reporteros Sin Fronteras y vocal de la Junta Directiva
