Las autoridades migratorias mexicanas obligan de manera habitual a regresar a sus países a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su seguridad cuando regresan y, en muchos casos, violando al hacerlo el derecho internacional e interno. Así lo manifiesta Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Basándose en una encuesta que refleja 500 experiencias de personas centroamericanas viajando a través de México, Amnistía Internacional averiguó que el Instituto Nacional de Migración (INM) incumple sistemáticamente el principio de no devolución (non-refoulement), pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. En muchos casos, este grave incumplimiento por parte del gobierno mexicano puede costar la vida o poner en riesgo la seguridad a las personas devueltas al país del que huyeron.
“Estas son historias trágicas de familias, niños, hombres y mujeres huyendo de la violencia extrema para salvar su vida. En lugar de brindarles la protección a la que tienen derecho, México está dándoles la espalda a esta gente en necesidad de manera ilegal,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los países del denominado “Triángulo Norte” –Guatemala, El Salvador y Honduras– continúan sufriendo una situación de violencia generalizada, donde la tasa de homicidios es entre 4 y 8 veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles “epidémicos” de homicidio. Desde hace años, las personas que salen de estos países lo hacen no sólo impulsadas por la esperanza de encontrar mejores oportunidades de empleo, sino también porque huyen de situaciones donde su vida corre peligro, que se dan en algunas de las naciones más violentas del planeta. De acuerdo con el derecho internacional, México está obligado a brindar a muchas de estas personas protección contra los riesgos que correrían en sus países de origen.
Estas deportaciones ilegales afectan a la vida misma de gente corriente, como un conductor de autobús a quien Amnistía Internacional entrevistó después de que se le negara la protección y fuera deportado de México a Honduras, donde lo mataron unos días más tarde.
Otro hombre de Honduras que solicitaba asilo contó a Amnistía Internacional que, cuando explicó que huía porque temía por su vida, el funcionario del INM le respondió: “Una vez detenido, ya valió madre y vas de vuelta a tu país.” Otras personas dijeron a Amnistía Internacional que las habían coaccionado o presionado para que accedieran a su deportación en contra de su voluntad.
Amnistía Internacional observó que el 40% de las respuestas de 297 personas que habían sido detenidas por el INM aportaban indicios sólidos de que se había producido devolución (refoulement). Estos testimonios eran de personas que habían solicitado asilo de manera explícita o expresado temor por su vida en su país de origen, pero que a pesar de ello habían sido ignoradas por el INM y deportadas a su país.
Asimismo, Amnistía Internacional averiguó que el 75% de las personas detenidas por el INM no habían sido informadas de su derecho a solicitar asilo en México, a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga y de que las autoridades públicas aseguraron a Amnistía Internacional que se observaba esta disposición.
Las autoridades mexicanas dijeron a Amnistía Internacional que raras veces llevaba a cabo el INM devoluciones. Los 500 testimonios recabados por Amnistía Internacional revelan algo muy distinto.
