La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por acciones de la Fiscalía y el Congreso de Perú que obligan a periodistas a revelar sus fuentes periodísticas, lo que “representa un retroceso a la libertad de prensa en el país”.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso peruano citó al director del Instituto de Defensa Legal (IDL-Reporteros), Gustavo Gorriti y a la directora del programa televisivo de análisis “Panorama”, Rossana Cueva Mejía, a una sesión extraordinaria el 12 de julio para “informar la forma y circunstancias” de cómo obtuvieron audios y documentos difundidos a principios de esta semana en los que se revelarían hechos de corrupción y de tráfico de influencias que involucran a miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó que “las acciones de la Fiscalía y el Congreso destinadas a requisar material recopilado como parte del trabajo periodístico y ordenar que se revelen las fuentes confidenciales de información, constituyen precedentes negativos para la investigación y la función fiscalizadora que le corresponde a la prensa en una democracia”.
Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, agregó que “el uso de fuentes confidenciales constituye una herramienta esencial del buen periodismo y revelar las fuentes crea un efecto negativo en contra de quienes posean y quieren revelar información de interés público”. Indicó que la SIP está considerando enviar una misión internacional a Perú ante los recientes incidentes legales y procedimientos administrativos que afectan la libertad de prensa.
La citación del Congreso, que también requirió la entrega de los materiales originales, estuvo precedida por la intervención el 10 de julio de un fiscal y cuatro policías en la sede del IDL-Reporteros para la incautación de información periodística. La Fiscalía Suprema de Control Interno exigió a los periodistas que revelen la fuente y entreguen el material de audio sin editar “en un plazo de tres días”, de lo contrario podrían ser acusados por delito de desobediencia a la autoridad.
Rock resaltó que la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros documentos internacionales sobre libertad de expresión y de prensa, destacan que no se puede obligar a ningún periodista a revelar sus fuentes de información, o a entregar los apuntes y archivos personales y profesionales.
