La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso de Honduras precaución y no coartar la libertad de expresión con una nueva iniciativa legal que regula los contenidos de las redes sociales, indicando que no se necesitan leyes especiales para reglamentar delitos que pudieran cometerse en el internet, cuando ya están contemplados en la normativa general.
La SIP remarca que los legisladores deben tener en cuenta una profusión de consideraciones que han hecho distintos relatores de libertad de prensa e información dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU, para que no se generen leyes que repriman los nuevos espacios de libertad de los ciudadanos.
En el Congreso de Honduras se discute desde la semana pasada un proyecto de Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y las Redes Sociales, que ha generado polémica entre distintos sectores del país. La iniciativa, que pretende regular la actividad y el contenido en internet, establece obligaciones a los administradores de sitios web. El órgano encargado de “formular, diseñar, implementar y vigilar” el cumplimiento de la ley será el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, integrado por 19 organismos del Estado.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, recordó que uno de los principios que la organización sostiene, cada vez que hay intentos por regular el internet, es que muchos de los delitos, tales como la pornografía, la pedofilia, la incitación a la violencia, la conspiración para el terrorismo, el discurso de odio y la discriminación ya están contemplados en la legislación vigente, por lo que no se sería necesario una normativa especial.
Mohme, director del diario peruano, La República, añadió que los espacios y contenidos en internet deben estar protegidos con las mismas garantías de libertad de expresión que tienen que existir para espacios tradicionales de comunicación. “Recordó que asimismo como se sostiene que no existen delitos de prensa, sino cometidos a través de los medios, por lo que no debiera haber leyes especiales para regular a la prensa, también debe prevalecer este mismo principio para la comunicación en espacios de internet”.
En ese sentido, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que lo que preocupa del proyecto de ley hondureño es que la responsabilidad del delito no se aplique al usuario que delinque, sino a los intermediarios, así sea el motor de búsqueda, la red social o la plataforma digital, y además, que las sanciones sean aplicadas por un organismo estatal sin la intervención de un juez.
Rock, director del sitio digital mexicano La Silla Rota, agregó que “esta forma se le estará pidiendo a una compañía privada ejercer medidas de censura previa, para evitar ser perjudicada”. Añadió que si bien las plataformas digitales tienen que estar dispuestas a autorregularse y manejarse por principios de ética sobre los contenidos inapropiados como lo hace cualquier medio de comunicación, no pueden estar compelidas a actuar como auxiliares del Estado, competencia que le corresponde a los órganos de Justicia.
Mohme y Rock reiteraron que las autoridades hondureñas deben considerar principios de libertad en internet expresadas por los relatores de la CIDH y de la ONU en la última década, las que han dado paso a proyectos menos coercitivos sobre redes sociales como en Argentina. También expresaron que se deben evitar similitudes con leyes excesivas como la aprobada en noviembre en Venezuela, Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que le sirve de excusa al gobierno para aplacar la crítica y el disenso.
