El 6 de mayo, Facebook dio a conocer los nombres de los 20 primeros expertos de renombre que se convertirán en miembros de la Junta de Supervisión. Un jurado encargado de elegir y revisar los casos más problemáticos, presentados por Facebook y sus usuarios, y de emitir los veredictos correspondientes. RSF elogia los aspectos positivos de este intento de autorregulación para resolver los problemas de contenido a los que se enfrenta la plataforma. Sin embargo, preocupa la limitación de poderes de la Junta de Supervisión respecto a las políticas de contenido de Facebook y las causas subyacentes del caos de la información online.
“El nombramiento de los primeros ‘sabios’ de la Junta de Supervisión es un gran paso para Facebook, pero un pequeño paso para la Humanidad”, sostiene el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Esta iniciativa del sector privado no puede reemplazar a un marco normativo definido y aplicado bajo el imperio de la ley. Además de decidir si permite o elimina piezas individuales de contenido, existe una necesidad urgente y más sistémica. La transparencia y los principios democráticos son necesarios para gobernar los mecanismos algorítmicos opacos que amplifican o reducen la visibilidad de ciertos tipos de contenido, incluido el contenido periodístico”.
RSF considera fundamental asegurarse de que la Junta de Supervisión no imponga sus procedimientos de revisión de contenido como nueva norma a la que se adhieran el resto de plataformas. La Junta podrá revisar solo algunos de los casos que se le presenten y emitir recomendaciones sobre cambios en la política de contenido a petición de Facebook o después de tomar una decisión sobre un caso revisado. RSF lamenta que no exista la posibilidad de recomendar cambios a la política de contenido por cuenta propia.
La Junta tendrá que operar de acuerdo a las reglas establecidas por Facebook para administrar el contenido publicado en la plataforma. Sin embargo, estas reglas no se basan en la normativa internacional sobre libertad de expresión y no garantizan que se divulgue la información de manera libre e independiente, siendo veraz y diversa. Por otra parte, a pesar de la referencia a las normas internacionales de Derechos Humanos que protegen la libertad de expresión en de tanto en los estatutos como en la carta de la Junta de Supervisión, y a pesar del deseo expresado por algunos de sus miembros de adherirse a estas normas, el proceso de revisión de los casos seleccionados se basará en las normas de moderación de Facebook.
Además, Facebook afirma que considerará las decisiones de la Junta de Supervisión como vinculantes “a menos que la implementación de una resolución pueda violar la ley [nacional]”. A falta de mayor precisión, y en contra de la obligación internacional que se impone a las empresas de respetar los derechos humanos, Facebook ha consagrado el principio de que, por muy draconianas que sean las leyes nacionales, tienen primacía sobre la normativa universal de derechos humanos. Por lo tanto, se puede esperar que Facebook cumpla con las leyes nacionales que violan el derecho a informar e incluso que les ofrezca un reconocimiento y un alcance internacional sin precedentes, ayudando en la práctica a restringir aún más la libertad de información.
