Daniel Hale, ex analista de inteligencia del gobierno que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, fue arrestado el 9 de mayo y acusado, en un tribunal federal y bajo la Ley de Espionaje, de cinco delitos relacionados con la divulgación de información clasificada. Se trata del tercer denunciante que el gobierno de Trump ha encausado al amparo de la Ley de espionaje.
“Que se procese a individuos como Daniel Hale bajo la Ley de Espionaje es una amenaza directa para el periodismo de investigación, que a menudo depende de los informantes para ofrecer información de interés público a los periodistas, ya sea por preocupaciones morales, éticas o legales”, señala Sabine Dolan, directora ejecutiva interina de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en Norteamérica. “Necesitamos que se refuerce la protección a los informantes en Estados Unidos, especialmente bajo una administración que ha sido explícita en sus esfuerzos por combatir las filtraciones. El uso de la Ley de Espionaje contra los denunciantes tiene que acabar”.
Aunque el reportero con el que Hale compartió información no se menciona en la acusación, su descripción coincide con la de Jeremy Scahill, uno de los editores fundadores de The Intercept, un diario digital de investigación. Según la acusación, después de que Hale conociera a Scahill en 2013 en una librería en Washington DC, donde Scahill promocionaba un libro que acababa de publicar, ambos se mantuvieron en contacto y se comunicaron principalmente a través de aplicaciones de mensajería cifradas. A partir de 2014, Hale le entregó a Scahill varias docenas de documentos, 11 de los cuales estaban clasificados, sobre el programa de aviones no tripulados de EEUU.
Desde que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, dos denunciantes -el ex contratista de la NSA Reality Winner y el agente del FBI Terry Albury-, han sido ya declarados culpables de violar la Ley de Espionaje, legislación adoptada durante la Primera Guerra Mundial para procesar a individuos que compartieron secretos gubernamentales con enemigos de Estados Unidos. En octubre, Albury fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que Winner recibió una sentencia de cinco años de prisión en agosto.
Antes de esto, la administración de Obama procesó notoriamente a ocho denunciantes en virtud de la Ley de Espionaje durante sus ocho años en el cargo, más que las administraciones precedentes juntas.
Reporteros Sin Fronteras expresa su alarma ante la detención, si lo declaran culpable, podría ser condenado a hasta 50 años de prisión.
