Los inmigrantes indocumentados que tienen el valor suficiente de denunciar delitos necesitan saber que pueden acudir a la policía sin temor a ser deportados, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Congreso debería preservar y ampliar las disposiciones de la Ley sobre Violencia contra la Mujer que permite a inmigrantes indocumentados denunciar de manera segura un delito.
La visa U, creada con un fuerte apoyo bipartidista como parte de la Ley sobre Violencia contra la Mujer del año 2000, abre un camino para que las víctimas de delitos que cooperan en las investigaciones de delitos graves puedan solicitar estatus legal en Estados Unidos. La renovación del programa queda pendiente de evaluación este año.
Partiendo de entrevistas con agentes del orden público en cinco estados, abogados de inmigración y víctimas de delitos, el informe de 43 páginas “Immigrant Crime Fighters: How the U Visa Program Makes US Communities Safer” (“Los inmigrantes que combaten el crimen: cómo el programa de visas U hace más seguras las comunidades de EE.UU.”), resalta casos de inmigrantes indocumentados que valientemente comparecieron ante la justicia para ayudar en investigaciones de violaciones, robos e intentos de asesinato.
El gobierno de Trump ha retratado a los inmigrantes indocumentados en EE.UU. como delincuentes y una amenaza para la seguridad pública. Poco se ha dicho sobre los numerosos inmigrantes indocumentados que han asumido grandes riesgos para ayudar a las fuerzas del orden público a investigar y procesar delitos.
“Los inmigrantes que arriesgan sus vidas, sus familias y sus trabajos para asegurarse de que los delincuentes violentos son llevados ante la justicia merecen protección”, dijo Sara Darehshori, asesora legal sénior del programa de EE.UU. de Human Rights Watch. “Las comunidades estadounidenses son más seguras porque ellos están aquí”.
El Congreso reconoció que los delincuentes pueden silenciar a las víctimas inmigrantes amenazándolas con la deportación si acuden a las autoridades en busca de ayuda. La visa U se creó para garantizar que las leyes de inmigración no se usen para obligar a mujeres y niños a soportar abusos por temor a ser castigados si presentan una denuncia ante las autoridades. Más tarde fue ampliada para incluir 28 delitos, incluido el asesinato, la agresión sexual y la trata de personas.
La aplicación de la ley depende de la información procedente de todos los miembros de la comunidad, ciudadanos, autorizados y no autorizados, para mantener la seguridad pública. La policía y los fiscales destacaron a Human Rights Watch que la visa U es esencial para garantizar que todos en la comunidad se sientan cómodos denunciando delitos y participando en procesos de justicia penal.
Agentes encargados de hacer cumplir la ley dijeron a Human Rights Watch que ven la visa como una herramienta fundamental para garantizar una mayor seguridad pública. Sin embargo, sólo hay 10.000 visas U disponibles cada año y el volumen actual de casos pendientes significa que la espera de una visa podría ser de siete años o más, tiempo durante el cual la víctima del delito podría estar en riesgo de ser deportada.
En los últimos años, los escépticos de la inmigración afirman que la visa se usa de manera fraudulenta. Sin embargo, no hay evidencia disponible públicamente que tienda a indicar que este sea un problema significativo.
“Sin la seguridad que brinda la visa U, algunos inmigrantes temerán acudir a las autoridades para denunciar incluso los delitos más atroces por temor a ser separados de sus familias”, dijo Darehshori. “Si la demora es demasiado larga y los solicitantes corren el riesgo de ser deportados, el valor de la visa se verá disminuido. El Congreso no sólo debería preservar el programa, sino también acabar con los retrasos”.
