Al igual que el ataque del grupo de alborotadores el 6 de enero de 2021 en la capital de Estados Unidos en el que participaron supremacistas blancos, la pandemia de Covid-19, los asesinatos policiales de personas negras y morenas y otros acontecimientos a lo largo del año pasado pusieron al descubierto importantes fallas de derechos humanos en Estados Unidos, dijo Human Rights Watch hoy en su Informe Mundial 2021. El presidente electo Joe Biden no solo debe reparar el daño reciente causado a las protecciones de los derechos humanos en EE.UU. sino que también deberá buscar amplios cambios sistémicos para abordar la persistente desigualdad racial, proteger al pueblo estadounidense de la violencia del extremismo blanco, respetar los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo y abordar las disparidades económicas, incluidos los impactos del cambio climático.

“El ataque del 6 de enero se sumó a múltiples violaciones de derechos humanos que repercutieron en 2020 de manera devastadora en todo el país”, dijo Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “La rendición de cuentas por el ataque del 6 de enero y otros posibles actos delictivos del presidente saliente Donald Trump y sus facilitadores está vinculada a la necesidad de que el gobierno de Biden dé prioridad tanto a los problemas de derechos urgentes como al racismo sistémico y otros abusos subyacentes”.

En la 31ª edición del Informe Mundial 2021, de 761 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth sostiene que el gobierno entrante de Estados Unidos debería integrar el respeto por los derechos humanos en su política nacional y exterior, de una manera que tenga más probabilidades de sobrevivir a futuras administraciones estadounidenses menos comprometidas con los derechos humanos. Roth enfatiza que incluso cuando el gobierno de Trump abandonó en gran parte la protección de los derechos humanos, otros gobiernos dieron un paso al frente para defender los derechos. La administración de Biden debe procurar unirse y expandir, no suplantar, este nuevo esfuerzo colectivo.

Mientras EE.UU. se convertía en el país del mundo con más casos de coronavirus y muertes totales, el presidente Donald Trump y otros funcionarios difundían desinformación sobre el virus. La pandemia tuvo y sigue teniendo un efecto enormemente desproporcionado en las comunidades negras, morenas y nativas americanas, incluido un severo impacto económico debido a las disparidades de larga data en los ámbitos de la salud, la educación y la situación económica.

Los persistentes problemas de control de infecciones en los centros de cuidados, junto con la reducción de la supervisión pública durante la pandemia, pusieron a la población anciana ya de por sí vulnerable en una situación de mayor riesgo. Muchos trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos, particularmente en la agricultura y la producción de alimentos, enfrentaron condiciones de trabajo inseguras que desencadenaron brotes. Las cárceles y prisiones de EE.UU. vieron un número desproporcionadamente grande de casos de Covid-19 que afectaron no solo a los presos sino a las comunidades circundantes cuyos residentes trabajan y mantienen los centros penitenciarios.

Si bien los paquetes de ayuda federal inicialmente frenaron el aumento en la tasa de pobreza, muchas protecciones expiraron en el verano de 2020.

Muchas escuelas pasaron al aprendizaje digital en respuesta a la pandemia, pese a que uno de cada cinco niños en edad escolar en EE.UU. no tiene acceso a una computadora o Internet de alta velocidad en casa. Los cierres de escuelas corren el riesgo de profundizar las desigualdades raciales y económicas en la educación y tienen un impacto particularmente significativo en los niños con discapacidad.

Las muertes causadas por la policía de George Floyd y Breonna Taylor, los disparos contra Jacob Blake y otros ataques contra personas negras provocaron protestas multitudinarias en todo el país reivindicando la rendición de cuentas de la policía, una reducción en el alcance y el poder de la vigilancia policial y una revisión del discriminatorio sistema jurídico penal. Los funcionarios locales y federales encargados de velar por el cumplimiento de la ley a menudo respondieron a las protestas con fuerza innecesaria o excesiva.

Si bien algunos estados promulgaron reformas del sistema jurídico penal, la gran mayoría mantuvo prácticas agresivas de vigilancia policial y encarcelamiento para abordar los problemas sociales en lugar de realizar las inversiones necesarias en salud, educación y oportunidades laborales que subyacen a estos problemas. Estos incluyen el consumo ilícito de drogas, viviendas inadecuadas, problemas de salud mental y pobreza, especialmente en comunidades negras, morenas y nativas americanas de bajos ingresos.

Los funcionarios electos reconocieron cada vez más que las disparidades raciales están relacionadas con el legado de la esclavitud. Un proyecto de ley federal, HR 40, que propone el establecimiento de una comisión para investigar el legado de la esclavitud y crear propuestas de reparación, ganó un impulso sin precedentes en el Congreso.

El gobierno de Trump continuó socavando los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Utilizó la pandemia de Covid-19 como pretexto para cerrar las fronteras terrestres, incluso a los solicitantes de asilo. Los centros de detención de inmigrantes, junto con las cárceles y prisiones, sufrieron brotes masivos de Covid-19.

La administración de Trump debilitó las regulaciones destinadas a reducir la contaminación y su decisión de 2017 de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático entró en vigencia. Los devastadores desastres relacionados con el clima, exacerbados por el cambio climático y la falta de acceso a agua potable, perjudican desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos en EE.UU. El aumento del calor está vinculado a resultados perjudiciales para la salud y la madre, con un impacto particular en las mujeres negras.

El gobierno continuó sus intentos de revertir las protecciones en los ámbitos de la salud y la vivienda para las personas transgénero, a pesar de un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. de que una ley federal que prohíbe la discriminación sexual en el empleo prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

La administración también socavó las regulaciones para proteger a los consumidores contra prestamistas y cobradores de deudas abusivos.

En su política exterior, el gobierno de Trump debilitó las instituciones multilaterales, incluso utilizando sanciones para debilitar la Corte Penal Internacional. El Departamento de Estado publicó un informe que aboga por un enfoque jerárquico de los derechos humanos y relega el aborto y la igualdad en el matrimonio a “controversias sociales y políticas divisivas”.

En sus alianzas con gobiernos abusivos, el gobierno ignoró el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, llegando incluso a venderles armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de sus numerosas violaciones de las leyes de guerra en Yemen. En avances positivos, la administración sancionó a altos funcionarios en China, Siria y Uganda por graves abusos contra los derechos humanos.

A pesar de la pandemia, en noviembre, las elecciones generales de EE.UU. proporcionaron un acceso significativamente mejor al voto en comparación con las elecciones primarias de principios de año. A pesar de un resultado claro a favor de Biden, Trump ha hecho continuamente acusaciones infundadas de fraude electoral y ha tratado de desmantelar el derecho a que el voto de todo el mundo sea contado. El ataque del 6 de enero al Capitolio de EE.UU. es la progresión natural de las mentiras y el racismo persistentes en las declaraciones y políticas de Trump. La agenda de Biden debe incluir una investigación y la rendición de cuentas de Trump y otros implicados en provocar ataques violentos, incluidos los de grupos supremacistas blancos, así como de los diversos ataques de Trump y otros líderes a los procesos democráticos y el estado de derecho de EE.UU., dijo Human Rights Watch. Las amenazas del extremismo blanco violento y otras acciones para socavar la democracia en EE.UU. siguen siendo graves.

“Una nueva administración brinda nuevas esperanzas para el avance de los derechos humanos en el próximo año”, señaló Austin-Hillery. “Al priorizar los derechos humanos en sus políticas, el gobierno de Biden podrá apoyar mejor a las personas en EE.UU. a vivir con dignidad, sentirse seguras y tener acceso a la justicia sin que importe el color de su piel”.

Fuente: HRW