Los funcionarios de los Estados Unidos responsables de las políticas y prácticas policiales deberían rechazar una nueva campaña denominada #8CantWait (“8 medidas impostergables”), que propone solo cambios menores e ineficaces, señaló hoy Human Rights Watch. En lugar de eso, deberían adoptar reformas significativas que aseguren que los policías respondan por sus acciones y que reduzcan el margen de acción policial, invirtiendo los recursos que se ahorren en servicios para mejorar el acceso a vivienda, educación, empleo y atención de la salud, a fin de abordar el racismo estructural en los Estados Unidos.
El hashtag #8CantWait incluye una lista de propuestas sobre políticas públicas que regularían algunos comportamientos policiales en determinadas circunstancias, sin que haya un mecanismo de aplicación. Entre otras cosas, se propone exigir que los agentes contengan situaciones; que intervengan cuando otros oficiales utilicen fuerza excesiva; que adviertan antes de disparar, cuando sea posible; que observen un “procedimiento de uso de la fuerza”; que agoten todas las opciones razonables antes de utilizar la fuerza letal; y que presenten informes sobre incidentes que hayan implicado el uso de fuerza. Prohibirían las maniobras de estrangulamiento y también disparar a vehículos en movimiento. Estas propuestas se basan casi por completo en el albedrío de los policías y en que los departamentos establezcan sus propias políticas.
“El programa #8CantWait sobre prácticas de policía es tan superficial como intrascendente”, sostuvo John Raphling, investigador del sistema legal penal estadounidense en Human Rights Watch. “Permite que los alcaldes y jefes de policía puedan decir que están haciendo algo, sin que en verdad estén realizando los cambios necesarios”.
A medida que las manifestaciones multitudinarias continúan en todo Estados Unidos tras las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, muchos gobiernos y policías locales han adoptado el programa #8CantWait como respuesta al reclamo popular de reformas significativas. La estrategia de promoción de la campaña se basa en un análisis de datos cuestionables y, al mismo tiempo, recibe el aval de personas famosas y políticos.
El programa #8CantWait podría debilitar el ímpetu creciente que hay en Estados Unidos para introducir cambios radicales en los nexos entre prácticas policiales y factores raciales, manifestó Human Rights Watch. Si bien ese programa puede parecer prometedor, un análisis más profundo revela que las reformas propuestas no son eficaces y que dependen en gran parte de la interpretación subjetiva que un agente haga de la situación.
Por ejemplo, un “procedimiento de uso de la fuerza” es un conjunto de pautas que la policía aplica para establecer el tipo de fuerza que sería adecuado en función del comportamiento de la persona con la que tratan. Human Rights Watch llevó a cabo una investigación de dos años sobre prácticas policiales, raza y pobreza en Tulsa, Oklahoma —que representan, en muchos sentidos, un microcosmos de la actuación policial en todo el país— y concluyó que el procedimiento que aplica el Departamento de Policía de Tulsa autoriza a los agentes a utilizar pistolas Taser, bastones, mordeduras de perros y lanzadores PepperBall si consideran que necesitan contener a una persona o vencer su resistencia. La política de Tulsa manifiesta: “Reconocemos que [el procedimiento] no puede aplicarse de manera inflexible en situaciones que se desarrollan con rapidez y de manera fluida. Los agentes deben utilizar un grado de fuerza que razonablemente pueda estimarse que será adecuado para controlar la situación”. Por lo tanto, el agente decide cuál es el grado de fuerza necesario.
Con el programa #8CantWait, la decisión de no apaciguar la situación, de no intervenir ante la conducta de otro oficial, de recurrir a fuerza letal y de no dar una advertencia antes de disparar dependen de cómo interprete el agente una situación y de cómo la describa luego en su informe u otra evaluación. Muchos departamentos de policía de EE. UU. ya tienen estos tipos de políticas con algo grado de discreción, y el uso ilícito de la fuerza por parte de miembros de la policía sigue siendo extendido. No es realista esperar que expandir la aplicación de esas políticas pueda tener un impacto significativo.
Muchas de las disposiciones de la política #8CantWait ya están en vigor en ciudades donde sigue habiendo problemas de violencia policial. Por ejemplo, Cincinnati, Baltimore y Chicago han puesto en práctica siete de las ocho propuestas.
Minneapolis había implementado cuatro, entre ellas, el requisito de apaciguar, la aplicación de un procedimiento de uso de la fuerza, y una política que exige que los policías intervengan en caso de que un colega actúe con uso excesivo de fuerza. Aun así, los tres compañeros del agente Derek Chauvin no hicieron nada mientras él mataba lentamente a George Floyd a la vista de todos y mientras los testigos en el lugar les imploraban que ayudaran a Floyd. Louisville exige que los agentes agoten todos los demás medios y que adviertan antes de disparar. Aun así, el 13 de marzo, agentes allí dispararon y mataron a Breonna Taylor mientras llevaban adelante un allanamiento en la vivienda equivocada.
Incluso la prohibición de realizar maniobras de estrangulamiento tendría poco impacto, ya que los policías pueden usar otras técnicas para causar daño físico. Los Ángeles ha limitado la maniobra de estrangulamiento desde 1982, casi 10 años antes de la infame golpiza propinada a Rodney King.
El programa #8CantWait no incluye un mecanismo de rendición de cuentas para aplicar estos cambios sumamente discrecionales en las políticas. Los procedimientos disciplinarios policiales son poco severos y, en general, admiten que los departamentos investiguen sus propios casos. El análisis de los datos correspondientes a Tulsa realizado por Human Rights Watch reveló que en 3364 casos independientes de uso de la fuerza durante un período de cinco años, el departamento detectó apenas dos que no cumplían con la política, e incluso en esos casos tampoco se aplicaron medidas disciplinarias.
“Si un programa de actuación policial como #8CantWait no prevé medios para controlar su aplicación, se trata entonces de meras palabras vacías”, afirmó Raphling. “Los débiles cambios en las políticas que impulsa la campaña, con su presunción subyacente de que la policía sigue siendo la solución a problemas sociales, constituyen una distracción peligrosa”.
A medida que crece la indignación del público con respecto a las muertes recientes causadas por policías y las violentas tácticas utilizadas contra los manifestantes, también aumentan los reclamos para que se introduzcan cambios esenciales, en especial, que se reduzca el poder y el margen de acción de la actuación policial y que se reinviertan los recursos en servicios y oportunidades económicas. Los alcaldes de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York se han comprometido a reducir los fondos destinados a la policía y a reinvertir ese dinero en desarrollo económico y en servicios que ayuden a las comunidades negras y mestizas.
Human Rights Watch ha instado anteriormente a dar prioridad a los servicios y a las inversiones en la comunidad más que a las inversiones en la aplicación de la ley, una postura que es coherente con el reclamo de que se reduzca el margen de acción policial recortando sus fondos. Usar la actuación policial para abordar problemas sociales, como las personas en situación de calle, las condiciones de salud mental y la pobreza, agudiza la opresión racial y la preponderancia de la violencia policial. Human Rights Watch ha recomendado reducir las detenciones innecesarias y a despenalizar conductas como la tenencia de drogas y el trabajo sexual.
“Durante años los activistas y organizadores comunitarios han preparando las condiciones para que se rediseñe la seguridad pública como un aspecto independiente de la actuación policial”, manifestó Raphling. “En este momento crítico, debemos concentrarnos en realizar cambios estructurales reales y en reducir el margen de acción policial”.
Fuente: HRW
