El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas debe recomendar al Gobierno de Estados Unidos que adopte medidas inmediatas y tangibles para eliminar el racismo estructural en el país, señalaron hoy Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) al presentar un informe conjunto al comité.
Estados Unidos, que en 1994 ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, se presentará ante el comité el 11 y 12 de agosto de 2022 en Ginebra para que se lleve a cabo un examen de su cumplimiento con la convención.
“Décadas después de que EE. UU. se comprometió a poner fin a la discriminación racial, el racismo sistémico continúa permeando nuestras instituciones”, manifestó Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de ACLU. “El gobierno de Biden ha demostrado que puede identificar el problema, pero es el momento de tomar medidas más contundentes para transformar de forma radical estos sistemas abusivos e implementar plenamente las obligaciones asumidas por EE. UU. en materia de derechos humanos”.
El presidente Joe Biden manifestó que el “racismo sistémico” resulta “corrosivo”, “destructivo” y “costoso” cuando adoptó un decreto ejecutivo orientado a lograr la igualdad racial en Estados Unidos. También es el primer presidente estadounidense en conmemorar oficialmente la masacre racial ocurrida en Tulsa en 1921. No obstante, su gobierno no ha emitido un decreto ejecutivo para crear una comisión dedicada a estudiar la necesidad de otorgar medidas de reparación y establecer resarcimientos específicos por la esclavización de personas en Estados Unidos y las numerosas consecuencias que esto tuvo. La creación de dicho comité también se encuentra pendiente en el Congreso estadounidense en un proyecto de ley conocido como H.R. 40, y su proyecto paralelo en el Senado, S. 40.
De conformidad con la convención contra el racismo, EE. UU. tiene la obligación de proporcionar vías de recurso eficaces, incluidas las reparaciones por discriminación racial y la discriminación estructural que continúa vigente como secuela de la esclavitud.
“Dado que el Congreso no ha tomado medidas para la aprobación de los proyectos H.R. 40 y S. 40, el presidente Biden debería crear la comisión que estudie y establezca reparaciones para las consecuencias de la esclavitud a través de un decreto ejecutivo”, manifestó Dreisen Heath, investigador y promotor de la justicia racial en Human Rights Watch. “El gobierno estadounidense debe generar un futuro equitativo para todos, y eso requiere ir más allá de las políticas públicas tradicionales y tomar medidas concretas que comiencen a abordar, de manera integral, todos los aspectos, desde la profunda brecha entre las personas negras y blancas hasta el flagelo de la supremacía blanca”.
La convención contra el racismo no solamente prohíbe las acciones gubernamentales que tienen un objetivo o una intención racistas, sino además las que tengan un efecto o un impacto racista. En su informe, la ACLU y Human Rights Watch detallaron las arraigadas políticas de Estados Unidos que han perjudicado de manera desproporcionada a los grupos raciales no blancos, especialmente a los estadounidenses de la comunidad negra, incluidas las que condujeron al encarcelamiento masivo, asesinatos y abusos por parte de funcionarios policiales y de aplicación de la ley inmigratoria, y políticas que afectan la educación, la salud y los derechos reproductivos.
Los efectos negativos de estas políticas incluyen los siguientes:
- La familia blanca promedio en EE. UU. tiene un patrimonio aproximadamente ocho veces mayor al patrimonio de la familia negra promedio, y los graduados universitarios blancos tienen un patrimonio más de siete veces mayor al de los graduados universitarios negros.
- En todo Estados Unidos hay casi dos millones de personas encarceladas, y la cantidad de personas negras que están en prisión triplica la cantidad de personas blancas. La tasa de encarcelamiento de mujeres negras es 1,7 veces mayor a la tasa de mujeres blancas.
- No ha cesado la discriminación en la aplicación de las leyes inmigratorias estadounidenses, incluida la ley penal de reingreso a EE. UU. Un juez federal determinó que esta ley había sido “promulgada con un fin discriminatorio” y no se habría aprobado si no hubiera existido animosidad racial.
- En 2020, en EE. UU. había aproximadamente 580.000 personas sin vivienda. De ese total, el 39 % eran negras, aun cuando la comunidad negra representa solamente el 12 % de la población estadounidense total.
- Aunque las personas negras y blancas muestran tasas similares de consumo de drogas, las personas de la comunidad negra son encarceladas por delitos relacionados con drogas a una tasa que equivale a cinco veces la de personas blancas.
- La policía estadounidense continúa matando personas indígenas, latinas y negras a tasas significativamente más altas: la frecuencia llega a ser 350 veces mayor que para las personas blancas. Se observan desigualdades raciales incluso mayores en las instancias de uso no letal de la fuerza por parte de la policía.
Con respecto a estas y muchas otras áreas, en junio de 2021 el gobierno estadounidense presentó su propio informe al comité de la ONU contra el racismo y señaló que se habían logrado avances. Además de refutar varias de las aseveraciones del gobierno estadounidense, la ACLU y Human Rights Watch, en su informe, destacan muchas de las áreas en las cuales EE.UU. no está cumpliendo sus obligaciones en virtud de la convención contra el racismo, si bien se reconocen algunas mejoras. Las organizaciones también señalan medidas detalladas que el Poder Ejecutivo debería adoptar para comenzar a rectificar los notorios incumplimientos de cara a lo establecido por la convención.
“Desde que ratificó el tratado hace 30 años, EE. UU. ha tenido tiempo suficiente para tomar medidas de corrección orientadas a cumplir con sus obligaciones, pero no lo ha hecho”, señaló Dakwar. “El gobierno estadounidense tiene pendiente, desde hace mucho tiempo, concretar lo prometido en materia de derechos humanos, abordar las causas fundamentales del racismo sistémico y adoptar un plan de acción para implementar sus obligaciones internacionales relativas a justicia racial. Esperamos que el comité de la ONU interpele a EE. UU. para que rinda cuentas. La ACLU y Human Rights Watch han proporcionado a la administración una hoja de ruta para el cumplimiento, que debería usarse desde hoy mismo”.
El informe conjunto fue redactado por un equipo de 10 exbecarios del área jurídica de Human Rights Watch y ACLU, como un instrumento para hacer honor al legado de Aryeh Neier, exdirector ejecutivo de ambas organizaciones, en el 20.° aniversario de la creación de la beca conjunta Aryeh Neier. Ambas organizaciones tienen una trayectoria de décadas de trabajo, junto a incontables organizaciones de base y movimientos, para hacer que el gobierno estadounidense rinda cuentas por la injusticia racial.
“Lograr la justicia racial en Estados Unidos requiere una dedicación inquebrantable y acciones sustanciales para poner fin a los daños estructurales cada vez mayores que derivan de la esclavización de personas negras y las consecuencias del colonialismo”, señaló Heath. “Este examen por parte de la ONU debe constituir un momento emblemático de reflexión que impulse la causa de los derechos humanos para todas las personas en Estados Unidos”.
Fuente: HRW
