¿Qué hará el multimillonario CEO de Space X con su última conquista? Esta pregunta preocupa a los usuarios de Twitter desde que el 25 de abril el consejo de administración del gigante de las redes sociales anunció que aceptaba su oferta de compra. La transacción tiene hasta el 24 de octubre para completarse y aún se desconoce el alcance de los cambios que Musk podría hacer. Estos temores prosperan en el vacío legal de Estados Unidos, que no pone controles ni salvaguardas democráticas al salvaje oeste económico y digital en el que operan estas plataformas.
RSF está preocupada por las posibles amenazas a la libertad de expresión y al acceso a la información que se derivan de la falta de un marco legal estadounidense, y pide a la Casa Blanca que haga lo necesario para acabar con el caos informativo. La administración del presidente Biden tiene el deber de proponer una legislación que regule las plataformas, especialmente porque hizo campaña sobre este tema en 2020. Actualmente, la única ley estadounidense real que afecta a las plataformas, conocida como Sección 230, las trata como nada más que anfitriones de contenido.
«El sistema estadounidense de responsabilidad es totalmente obsoleto», explica Vincent Berthier, jefe del Tech Desk de RSF. «Los algoritmos y las políticas de moderación de las plataformas asumen funciones editoriales de forma totalmente ilegítima. Ya no se discute el papel que desempeñan las plataformas en la configuración y estructuración del espacio global en línea. Las garantías de transparencia, neutralidad y fomento de la información y las noticias fiables ya no deben mendigarse a los propietarios, sino que deben imponerse mediante leyes claras y firmes».
Al otro lado del Atlántico, la UE acaba de alcanzar un acuerdo político para adoptar la propuesta de Ley de Servicios Digitales (DSA). Aunque imperfecta, la DSA tiene el mérito de reconocer la responsabilidad de las plataformas en el caos informativo. Al hacerlo, impondrá una serie de requisitos que obligarán a las plataformas a corregir estos efectos nocivos. El DSA se aplicará a Twitter, junto con otras plataformas, pero sólo en Europa.
Vacío político y legal incompatible con la responsabilidad de EE.UU.
En Estados Unidos se encuentran la mayoría de los principales gigantes tecnológicos que configuran física y digitalmente el espacio informativo mundial. Por lo tanto, corresponde al gobierno estadounidense regular las disfunciones causadas por las grandes plataformas digitales, y regularlas de forma coherente con los principios democráticos.
La semana pasada, la Casa Blanca publicó una Declaración para el Futuro de Internet en la que describía el papel que desempeñan las principales plataformas en la visibilización de la desinformación. Pero la declaración no pedía que las plataformas fueran reguladas y no mencionaba la importancia que el periodismo juega en la vida democrática.
«Es una omisión muy difícil de explicar, añadió Berthier. No podemos hacer que Internet sea más democrática si no miramos a las empresas estadounidenses que dan forma al espacio informativo mundial».
La declaración se queda muy corta a la hora de proponer lo necesario, incluyendo medidas con fuerza legal vinculante, a diferencia de la Declaración sobre Información y Democracia iniciada por RSF, que se dirige explícitamente a las plataformas líderes y define los principios para gestionar un espacio democrático de comunicación e información, incluyendo noticias e información fiables, transparencia y neutralidad política, ideológica y religiosa.
Fuente: Reporteros Sin Fronteras
