Desde el 2 de octubre de 2019, cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la eliminación de los subsidios a los combustibles –que existían desde hacía cerca de 40 años–, el país se ha visto sacudido por multitudinarias protestas. Las huelgas, los bloqueos y las manifestaciones violentas contra el aumento del precio de la gasolina se han extendido por todo el territorio nacional. Debido a estas protestas el gobierno decretó el estado de excepción durante 30 días, toque de queda en varias regiones del país y desde el 3 de octubre trasladó la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, la segunda ciudad más grande del país. En medio de esta tensa situación, los periodistas se han convertido en blanco de agresiones de las fuerzas del orden y de muchos manifestantes. Los casos de violencia policial y de detenciones arbitrarias de periodistas se han incrementado en ciudades más importantes del país.
El 3 de octubre en la capital, Quito, dos fotógrafos del diario El Comercio, así como varios reporteros (El Expreso, El Universo, Primicia) que cubrían las manifestaciones fueron agredidos y golpeados por la policía.
Ese mismo día la policía lanzó gas lacrimógeno y golpeó a los periodistas Mateo Flores (Manzanas) y Nicole Villafuerte (Vozes); los mantuvo detenidos más de 27 horas. Al día siguiente, las fuerzas del orden detuvieron a los periodistas Leyda Ángulo (radio Olímpica) y Geovanny Astudillo (TV Cisne); estuvieron retenidos más de 12 horas sin recibir ninguna explicación. Iván Lozano, reportero del canal de televisión estudiantil Udla Channel, fue detenido por policía, que destruyó su equipo periodístico. En la ciudad de Puyo, Marlon Santi y Jairo Gualinga (Lanceros Digitales) fueron detenidos e intimidados por elementos de la policía para que dejaran de filmar las manifestaciones; comparecieron ante un juez y finalmente fueron puestos en libertad ante la ausencia de cargos.
El 7 de octubre Camila Martínez, del departamento de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fue detenida por la policía cuando cubría las manifestaciones en la ciudad de Guayaquil. La sentenciaron a 5 días de cárcel por “maltrato, insulto y agresión a los agentes que precautelan el orden público”.
RSF está documentando muchos otros casos. Tanto el presidente del país como la ministra del Interior, María Paula Romo, se han disculpado públicamente en varias ocasiones por los abusos cometidos por las fuerzas del orden y han exhortado a los policías a que hagan que se respete el trabajo de los periodistas durante las manifestaciones y garanticen que estos puedan realizar su labor. Frente a la magnitud y la intensificación de la crisis, es esencial que se dé las mismas instrucciones a todos los representantes del Estado, sobre todo en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde los periodistas son particularmente vulnerables.
Diversas radios y televisiones, como Radio Centro Ambato, no han podido transmitir sus programas debido a los cortes de electricidad orquestados por las autoridades. La policía allanó las oficinas de Radio Pichincha Universal, en Quito; representantes de la fiscalía instaron a la redacción a que hiciera cambios en la línea editorial de sus programas o, de lo contrario, suprimirían la frecuencia de la radio.
“El gobierno de Lenín Moreno debe dejar de censurar y de obstaculizar el trabajo de los periodistas y garantizar su seguridad en todo el país. Más que nunca, en este periodo de disturbios es vital para todos los ecuatorianos que se respete la libertad de informar”, señaló Emmanuel Colombié, director de la oficina en América Latina de RSF. “Las autoridades ecuatorianas deben investigar las agresiones y amenazas –tanto físicas como digitales– a la prensa e identificar cuanto antes a los responsables, pues los ataques se han incrementado en todo el país”, añadió.
Además de la represión policial, los periodistas también han sufrido las agresiones de los manifestantes en todo el país, sobre todo en las regiones rurales, donde se acusa a los reporteros de ser corruptos y de trabajar para el gobierno. Fue el caso de Andrea Orbe Saltos (periodista independiente), William Rivadeneira (Cable Mágico), Carlos López (Macas News), César Correa (radio Shalom), Yerson Palma (La Razón y Univision Arkansas) y de reporteros de Radio Caracol. Estas agresiones, amenazas y campañas de intimidación contra periodistas han sido ampliamente difundidas en las redes sociales.
Los miembros de las redacciones de numerosos diarios, como El Comercio y el sitio web GK, han señalado que se sienten muy vulnerables y que carecen de equipo de protección para garantizar la cobertura apropiada de esta grave crisis que sacude el país.
En el sexto día de paro nacional, la organización Fundamedios ya había contabilizado 59 ataques contra la prensa a través del país.
