Los periodistas que intentan cubrir la ola de protestas y la grave crisis política que atraviesa Nicaragua desde hace cerca de tres meses, son blanco de ataques directos y constantes del ejército y de las fuerzas antimotines: agresiones físicas, arrestos, detenciones arbitrarias, confiscación de material, robo o destrucción del equipo de los reporteros. Acusado de nepotismo por la oposición, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha instaurado un verdadero aparato represivo y de censura, creando un ambiente en el que el trabajo de la prensa se ha vuelto muy difícil.
Los periodistas también son víctimas de la violencia generalizada que ha costado la vida a más de 350 personas en cerca de tres meses, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El 22 de abril de 2018 en la ciudad costera de Bluefields, Ángel Eduardo Gahona, director del noticiero El Meridiano y corresponsal del Canal 6 Nicaragua, fue asesinado por un disparo de arma de fuego en la cabeza cuando transmitía en vivo en Facebook Live las manifestaciones. Testigos señalaron que cuando ocurrieron los hechos se encontraban en el lugar policías y agentes antimotines armados, pero la investigación el crimen está estancada.
Periodistas sin protección
Los reporteros de los medios de comunicación independientes y de oposición no cuentan con ningún equipo de protección –por ejemplo, con chalecos antibalas para cubrir las manifestaciones– debido a la falta de recursos económicos. Estas medidas de seguridad son necesarias, ya que los periodistas sufren amenazas y agresiones directas de los partidarios del presidente Daniel Ortega, pero sobre todo de la policía y las fuerzas antimotines.
Fue el caso de un equipo de periodistas del crítico diario nacional La Prensa. El 9 de mayo de 2018, cuando cubrían las manifestaciones en la capital, Managua, policías insultaron a los reporteros y les pidieron que se fueran del lugar apuntándoles con sus armas de fuego.
Días después, las oficinas de la radio progubernamental Tu Nueva Radio Ya y el canal de televisión de oposición 100% Noticias fueron saqueados. Por otra parte, civiles y grupos paramilitares incendiaron el edificio de Radio Darío.
La prensa extranjera no escapa a la represión. El 27 de abril pasado, el periodista estadounidense Tim Rodgers, quien trabaja para el diario digital Fusion, se vio obligado a dejar el país porque sufrió una campaña de acoso y amenazas online emprendida por grupos sandinistas (cercanos al gobierno), que lo acusaron de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
“Esta violencia y estos atentados contra la libertad de informar son inaceptables”, asevera Emmanuel Colombié, responsable de la oficina para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF). “El gobierno no resolverá la crisis amordazando a los periodistas. Al contrario, es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de la prensa y permitir que ésta realice una cobertura independiente de los acontecimientos que sacuden al país desde hace casi tres meses”, precisa.
La censura gana terreno
La prensa nacional y local que no se alinea con el régimen de Ortega también debe enfrentarse a otro tipo de violencia, más insidiosa: la censura y los intentos de desestabilización.
Desde que comenzó la crisis, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor) ha sacado del aire varias veces –de forma arbitraria y puntal– a algunas cadenas de radio y televisión de oposición, como 100% Noticias, Canal 12, Telenorte, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Canal 12, Canal 23 y Canal 51.
Otros medios de comunicación afrontan grandes dificultades económicas para sobrevivir, ya que reciben una menor cantidad de publicidad oficial –y, por tanto, de los recursos que ésta representa–, o simple y llanamente ya no la reciben. Los criterios de atribución de la publicidad oficial siguen siendo opacos de forma intencionada. Algunos medios de comunicación, como el diario La Prensa o el semanario Confidencial, han sufrido varios ataques informáticos a sus versiones digitales.
El 28 de junio, en una conferencia de prensa, miembros de la prensa independiente de Nicaragua denunciaron este clima deleznable, así como “la campaña de calumnias y difamación contra periodistas” emprendida por los representantes del Estado.
“Esta censura del gobierno, esta guerra mediática con la que se busca desacreditar las críticas y minimizar la magnitud de la crisis, constituye una gran amenaza para la libertad de prensa y la democracia en Nicaragua”, apunta Emmanuel Colombié. “Más que nunca, RSF se solidariza con los periodistas nicaragüenses que intentan hacer su trabajo informativo y pide al presidente Daniel Ortega que respete los convenios internacionales en vigor”.
Tras realizar varias misiones de observación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 22 de junio pasado un informe detallado sobre las “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. El documento señala la tendencia autoritaria del gobierno; la cultura del secreto del régimen sandinista y sus consecuencias en el trabajo de la prensa; que los medios de comunicación independientes tienen poco o ningún acceso a la información oficial; que la presidencia no organiza conferencias de prensa; las sanciones y represalias a las que se enfrentan los funcionarios que aceptan hablar o responder a las solicitudes de los periodistas independientes.
En un comunicado difundido el 16 de julio pasado, cuando realizaba una visita a Costa Rica, el Secretario general de las Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se pusiera fin a la violencia en Nicaragua inmediatamente y recordó que la protección de los ciudadanos es una responsabilidad fundamental de los Estados.
