La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su beneplácito por la anulación de una ley que permitía a las administraciones de Honduras gobernar sin transparencia y en una asfixiante cultura del secreto.
El Congreso Nacional derogó el 1 de marzo la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, de 2014, conocida como Ley de Secretos. La ley permitía a más de 20 secretarías de Estado e instituciones públicas esconder información sobre licitaciones, procesos administrativos y manejo de presupuesto. De forma discrecional, los organismos públicos podían clasificar esa información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, por un plazo de cinco a 25 años.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente ejecutivo del Grupo Opsa, de Honduras, saludó la decisión de los congresistas. Dijo que “los ciudadanos y el país ganan cuando los gobiernos son más transparentes y la prensa puede fiscalizar mejor todos aquellos asuntos con los que el poder político podría intentar mantener a oscuras a la ciudadanía”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, expresó que “la ley permitía avalar la cultura del secreto estatal y contradecía los principios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2006”.
La derogación de la ley entrará en vigencia apenas se publique en el diario oficial La Gaceta. Con ello, toda la información amparada por la antigua ley deberá ser desclasificada.
Tanto el Índice Chapultepec, barómetro de libertad de prensa de la SIP, como los informes semestrales de la organización desde 2014, venían denunciando que la Ley de Secretos vulneraba la ley de acceso y permitía encubrir la corrupción.
Fuente: SIP
