El Congreso de Estados Unidos debería exigir al Departamento de Seguridad Nacional que explique por qué se ha sometido a periodistas, abogados y activistas a controles intensivos en la frontera de EE. UU. con México, señaló hoy Human Rights Watch en una carta a miembros del Congreso.
El acoso limita la posibilidad de los afectados de ejercer sus profesiones y se interpone a su libertad de expresión y circulación. Al menos 23 personas, incluidos como mínimo 15 ciudadanos estadounidenses, han sido interrogadas, detenidas o bloqueadas en la frontera.
Al menos a un periodista y dos abogados se les negó el ingreso a México. Los afectados trabajaban con un grupo de migrantes que llegaron a la frontera a fines de 2018 y principios de 2019. El Comité para la Protección de los Periodistas, the Intercept, the San Diego Tribune, National Public Radio y NBC7 Investigates han informado sobre los incidentes.
“El Congreso debería averiguar por qué el Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos han estado interrogando y bloqueando a abogados y periodistas en la frontera con México”, señaló Alison Parker, directora adjunta de Programas de Estados Unidos de Human Rights Watch.
“Los miembros de los medios de comunicación y los abogados deberían poder hacer su trabajo sin que el gobierno los acose”. En uno de los incidentes, a Nora Phillips y Erika Pinheiro, directoras de Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro que representa y ayuda a solicitantes de asilo en México, las autoridades mexicanas les negaron el ingreso en ese país a fines de junio.
Los funcionarios mexicanos les informaron que se había librado una alerta para sus pasaportes. En el caso de Pinheiro, los funcionarios afirmaron que un gobierno extranjero había emitido la alerta para su pasaporte.
En otros incidentes, varios periodistas informaron haber estado bajo vigilancia mientras trabajaban cerca de la frontera entre EE. UU. y México. Indicaron que habían sido detenidos e interrogados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos cuando volvían a EE. UU. tras haber estado trabajando en México, y que los funcionarios habían confiscado y revisado sus teléfonos.
Varios periodistas y activistas quedaron retenidos varias horas por vez, y fueron detenidos e interrogados en múltiples ocasiones. “El público necesita saber por qué los funcionarios estadounidenses están interfiriendo en la labor de periodistas y abogados que trabajan en la frontera con México”, apuntó Parker. “El Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos estadounidenses de aplicación de la ley afines deberían dar garantías de que respetarán la libertad de expresión y circulación”.
