Consejeros del IME envían carta al presidente Enrique Peña Nieto

imexcPosicionamiento de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior -CCIME ante el Acta de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración S.774.

C. Enrique Peña Nieto; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos del CCIME hacemos un llamado al gobierno mexicano para pronunciarse públicamente ante la propuesta S.774 aprobada en el Senado del Congreso de los Estados Unidos, en virtud del impacto que ésta tendría en las futuras relaciones económicas, políticas, diplomáticas y de derechos humanos entre ambos países que a su vez comparten una frontera de 3,326 kilómetros.

Durante la discusión de la propuesta S.744, fue sometida una enmienda legislativa que aumentaría el presupuesto a 40 mil millones de dólares destinados a la asignación de 20 mil agentes de la patrulla fronteriza, sumándose éstos a los 20 mil ya apostados en la frontera; la construcción de muros y alambrados, y el uso de tecnología avanzada para detectar el movimiento de las personas en la zona.

La enmienda contenida en la propuesta S.774 aprobada por el Senado estadounidense, habla de un proceso de militarización en la frontera de Estados Unidos y México, acelerado, desproporcionado y lesivo a la agenda bilateral entre ambos países, en detrimento del cruce de cientos de miles de personas por los puntos de entrada fronterizos. Por otro lado, se contempla un aumento de muertes en la frontera de aquellos inmigrantes que busquen ingresar a los Estados Unidos de manera irregular, siendo éstos expuestos a corrupción, robos, asaltos y uso de rutas más peligrosas.

Asimismo, la implementación de esta medida generará un estado de persecución, perfil racial y discriminación contra las personas de origen mexicano y latinoamericano radicados en los estados fronterizos, ya que serán perseguidos independientemente de su condición migratoria, y por la existencia de leyes como la SB1070 en Arizona que permite el uso de la patrulla fronteriza dentro de las ciudades.

Al mismo tiempo la propuesta S.774 garantiza la asignación de presupuesto para la creación y mantenimiento de centros de detención para indocumentados que no califiquen en la obtención del ‘estatus temporal’ y que en consecuencia serán considerados como criminales y detenidos en cárceles privadas entre 2 y 5 años, con un mínimo de garantías jurídicas para su defensa, y una vez juzgados serán deportados a su país con un expediente criminal.

La llamada legalización con una vía a la ciudadanía estadounidense es casi un eufemismo, ya que en primer lugar se calcula que de once millones de indocumentados, cifras proporcionadas por el ‘establishment’ estadounidense, calificarían solo 4 millones que podrían comprobar que han estado ininterrumpidamente en el país antes del 31 de diciembre del 2011, no tener record ‘criminal’ y poseer una estabilidad laboral. Las personas serían registradas con un estatus temporal, teniendo que pagar multas y todos los impuestos desde que llegaron. El proceso de obtención de la residencia permanente podría durar hasta 10 años, siempre y cuando se tengan ingresos mayores a los 140% de lo que establece el nivel de pobreza federal, y no se haya estado desempleado por más de sesenta días continuos. Y por si fuera poco, aquellos solicitantes del registro provisional no tendrán acceso a los servicios de salud por más de 10 años.

Cualquier incumplimiento a alguno de los requisitos llevará a la cancelación del permiso y estarán sujetos a deportación. Los que logren pasar este ‘embudo’, en alrededor de 15 años podrán solicitar la ciudadanía, los cuales no rebasarán en nuestra estimación un millón y medio de personas.

Dos sectores beneficiados con la propuesta, serían los jóvenes soñadores – DREAMers- y los trabajadores agrícolas, cuyo tiempo de espera para la residencia permanente es de 5 años. Los primeros deberán continuar en la escuela universitaria o servir durante dos años en las fuerzas armadas, y ambos grupos deberán cumplir una serie de requisitos y someterse a castigos de deportación por incumplimiento. Entre otros puntos, se expedirán 20 mil visas más para los trabajadores agrícolas y ello variará según la demanda.

Al interior, se contempla la implementación del sistema de verificación electrónica (Everify), que es una continuación de la actual ley de sanciones a los patrones perfeccionada, la cual cruzará las bases de datos de todas las agencias
gubernamentales para convertir en un crimen el emplear a personas indocumentadas y buscar empleo si no se tiene la autorización que otorgaría la ley.

Como se aprecia, esta ley que propone el Senado convierte a los trabajadores y trabajadoras en una mercancía usable y desechable y el derecho laboral será aquel que no reconoce ningún código jurídico, ético, ni humano. En realidad, retrasaría el desarrollo y crecimiento de la comunidad mexicana y latinoamericana en los Estados Unidos sumiendo a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes dentro de un sistema de marginalización, que contrario a lo que se piensa, enfrentarían niveles de pobreza y estarían sometidos a un aparato de control y seguridad permanente que continuaría
con la deportación de los y las inmigrantes, exacerbando con ello la separación de miles de familias.

Ante lo expuesto, hacemos un llamado al gobierno de México y al jefe del Ejecutivo Federal para que se tomen las medidas necesarias para crear programas para los migrantes en retorno. De aprobarse ante el Congreso una ley de esa naturaleza, que proyecta una respuesta punitiva en la Cámara de Representantes (diputados), seremos testigos de las deportaciones masivas de nuestros connacionales y hermanos latinoamericanos.

Pedimos al Gobierno de México haga un posicionamiento ante el Gobierno de los Estados Unidos y a la Cámara de Senadores, en protesta por la militarización de la frontera y el uso de muros y alambrados como parte de políticas resolutivas para una reforma migratoria; ¡cuando en otras regiones del mundo se avanza hacia la regionalización e integración de economías y los pueblos!

Reconocemos que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto da seguimiento a la política mexicana de ’no intervención’ en los asuntos internos de otros países; sin embargo, el fenómeno migratorio no es ni debe ser tratado como un asunto unilateral.

Se trata de la vida y la suerte de millones de compatriotas que viven, trabajan y producen riqueza para ambos países, por lo tanto este es un asunto que debe ser resuelto y tratado dentro de una agenda bilateral. Países como Corea del Sur, Irlanda, Canadá, Polonia y La India están buscando acuerdos para sus inmigrantes, aún más, los presidentes de Guatemala y El Salvador también han exhortado a la Administración del Presidente Barack Obama a garantizar los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, y nos preguntamos ¿por qué México sigue callado?

Exhortamos al Gobierno de México y al Presidente Enrique Peña Nieto a hacer uso de las instancias políticas, diplomáticas y de cabildeo por una Reforma Migratoria Justa e Integral de respeto a los derechos humanos de la comunidad inmigrante que radica en los Estados Unidos.

¡El cese inmediato de Detenciones y Deportaciones!

¡No a la Militarización de la Frontera!

¡Alto a la Separación de Familias! ¡Reunificación Familiar Ahora!

¡Por el reconocimiento al respeto de los Derechos Humanos y Civiles de la
comunidad inmigrante!

Comisión de Asuntos Políticos
Generación 2012-2014

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Coordinadora : Lic. Elvia y Torres

Sub-coordinadora:Lic. Adelina Nichols

Secretaria: Lic. Verónica Toscáno

Sub-secretaría: Lic. Gerardo Torres

Carlos Arango, Ernesto Vargas, Roberto Bravo, Antonio Barajas, Frank de Ávila. Mary Lou Masón, Andrés Herrera. Maricela Medrano, Leticia Alánís, José Antonio Vallejo, Gilberto Camacho, Victor Manuel Sánchez, Juan Fierro, Elio Víllaseñor y Aaron Hernández.